El Movimiento Popular Dominicano (MPD)  reclamó al Gobierno disponer una exhaustiva investigación, y decir la verdad sobre el número de víctimas ocurridas por la explosión en la empresa Polyplas, establecer responsabilidades, aplicar la ley e indemnizar a las personas y familiares afectadas por la tragedia.

El MPD aseguró que el Gobierno está obligado a hacer una profunda investigación de lo ocurrido en la empresa Polyplas,y que debe establecer las responsabilidades y aplicar la ley en relación con las violaciones a la seguridad manejada en la institución privada.

El vocero nacional del MPD, Pablo Ferreiras, destacó que la organización se solidariza con los familiares de las víctimas, por las pérdidas irreparables de personas.

Manifestó que el MPD expresa su sentimiento de consuelo para los familiares de los obreros y empleados fallecidos, exige la indemnización de las víctimas, y corregir las fallas que provocaron la tragedia.

Asimismo, precisó que el Gobierno debe garantizar la fiscalización permanente en las empresas para que se cumplan las disposiciones legales de seguridad en las fábricas, a fin de evitar otro caso como el ocurrido en Polyplas.

“Las autoridades deben investigar a fondo e informar claramente al país sobre lo ocurrido en Polyplas, y sin importar a quien pertenezca la empresa, establecer responsabilidades de los dueños sin ocultar informaciones”, indicó Ferreiras.

El vocero nacional del MPD sostuvo que se evidencian numerosas fallas en el manejo por parte de las autoridades y de los directivos de la empresa Polyplas, en relación con la explosión que causó  unos siete muertos y decenas de heridos.

La organización considera que el empresario Manuel Díez Cabral y los propietarios del camión distribuidor de combustibles son los responsables de los hechos ocurridos el pasado miércoles en Villas Agrícolas, por no garantizar las medidas de seguridad a fin de garantizar la vida de sus empleados en caso de un evento como el ocurrido.

El MPD sostiene que este caso no debe ser silenciado y que las empresas involucradas deben ser sancionadas por no disponer las medidas de seguridad que aconsejan las leyes dominicanas.