El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reclamó anoche garantía y la observación del debido proceso de ley en el tratamiento a los acusados por la Procuraduría General de la República por supuestas infracciones criminales y puso a disposición de los dirigentes su equipo de abogados para que lo defiendan en los tribunales.
Lamentó la situación por la que están pasando Juan Temístocles Montás, Radhamés Segura, Julio César Valentín, Víctor Díaz Rúa y Tommy Galán, miembros de su Comité Central, siendo los tres primeros integrantes de su Comité Político, quienes ayer fueron sometidos a la justicia junto a otras nueve personas.
El Comité Político del PLD se mostró “esperanzado de que los tribunales del orden judicial, apoderados para el conocimiento del expediente, observen las debidas normas constitucionales y procesales que conduzcan a una real y efectiva garantía de su derecho de defensa”.
Se les acusa de cometer los crímenes de lavado de activos, asociación de malhechores, violación de la Ley Sobre Declaración Jurada, soborno, de coalición de funcionarios, entre otras infracciones, ligada al pago de US$92 millones en sobornos por la empresa brasileña Odebrecht.
“En torno a dicho sometimiento de los señalados compañeros, el PLD espera que los tribunales del orden judicial que sean apoderados para el conocimiento del expediente de referencia, observen las debidas normas constitucionales y procesales que conduzcan a una real y efectiva garantía de su derecho de defensa, en el entendido que de conformidad con lo que dispone el numeral 3 del artículo 69 de la Constitución de la República”.
Cita al numeral que indica que toda persona tiene “el derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable”.
Dijo que “el PLD comparte el sentir de una gran parte de la población para que sean sancionados aquellos ciudadanos que se le compruebe la comisión de actos de corrupción en el ejercicio de la función pública”.
Pero “es de opinión en el caso que nos ocupa, que a cada uno de los sometidos se les debe garantizar y observar el debido proceso de ley y de que pone a disposición de los compañeros encausados su equipo de abogados para que asuman su defensa”.