El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) autorizó hoy a su presidente, Roberto Rosario, a que asuma la defensa de los magistrados César Francisco Féliz Féliz, Rosario Altagracia Graciano de los Santos, la suya propia y la de los Oficiales Civiles, ante la instancia depositada en la justicia por un grupo de personas y la asociación «Red Jacques Viau”, por considerar que éstos suspendieron de manera arbitraria la entrega de actas de nacimiento y cédulas a dominicanos de ascendencia haitiana.

La acción penal fue presentada el pasado día 8 por los abogados Antonio Pol Emil, Rubén Antonio de Jesús, Genao Rincón Mieses, Manuel de Jesús Dandrade y Roberto Antuan, bajo el alegato de que la resolución 012-2007 y la circular 017-2007 emitidas por la JCE, constituyen “discriminación, desigualdad, tortura, trato crueles, inhumanos y degradantes contra las personas afectadas”.

De acuerdo a una nota de prensa, Rosario dijo en rueda de prensa que el pleno consideró que la institución ha actuado de conformidad con la Constitución y las leyes de la República, al tiempo que citó que «parte de este grupo de personas y estos abogados ya habían presentado sus acciones contra la República Dominicana por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y en otras instancias extraterritoriales».

En ese sentido, rechazó que la acción penal «fundamentada en pretensiones jurídicamente improcedentes y en hechos inexistentes», tenga coincidencia con la campaña internacional que presuntamente pretende atribuir a la República Dominicana la imputación de racismo, xenofobia y generador de apatridia.

Advirtió que asistirán a todas las instancias y escenarios en que sean colocados y perseguidos por éstas u otras personas e instituciones, «con la frente en alto, la satisfacción del cumplimiento del deber y la conciencia tranquila, a sabiendas de que estos son sacrificios que «estamos obligados a asumir en defensa del interés del país y la preservación de la identidad nacional».

Asimismo, presentó a los medios la documentación de 12 personas, de las 23 que aparecen en la demanda, que ya obtuvieron sus respectivas actas de nacimiento y su cédula de identidad y electoral, por lo que considera que no tienen razones para estar demandando a la institución por supuesta falta de documentos.