El aprovechamiento de ricos yacimientos mineros aportados por la naturaleza a la provincia Sánchez Ramirez debe favorecer en una justa proporción a la comunidad como está convenido contractualmente. El oro de Pueblo Viejo genera al Estado recursos extraordinarios que deben impulsar inversiones públicas de trascendencia en lo social y en lo ecológico para que la riqueza metalúrgica esté al servicio de la nación que es dueña auténtica, y no se diluya en gastos corrientes sin huellas significativas para el presente y el futuro. Si no, a todos dolería históricamente el agotamiento de ese patrimonio que ha de llegar. En el mapa de los implícitos compromisos con la posteridad y las necesidades del pueblo están Cotuí y su entorno territorial. Su comunidad se siente, con sentido de la realidad, la más cercana propietaria del precioso brillo metálico que sale de sus suelos.

Las hondas preocupaciones por la situación del terruño que motivan a diversos entes a reclamar una porción de lo que el oro deja al Gobierno, obliga por justicia a disponer inversiones estatales que resuelvan problemas en una zona de insuficiente suministro de agua potable, de caminos vecinales y defuentes de empleos, entre otras carencias que le dan mucha visibilidad a la pobreza de la región, inevitablemente impactada por los procesos de explotación que en una primera etapa solo dejaron un enorme pasivo ambiental.

Una respuesta insuficiente

Podía pretenderse que en el 2019 rigiera una asignación presupuestaria adecuada al sector Salud a fin de conjurar la continuación de elevados índices de mortalidad neonatal y materna con precariedades en servicios hospitalarios golpeados por ejecutorias y logísticas fallidas o por retrasos en reconstrucciones. De aprobarse el proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo el incremento sería de unos dos mil millones de pesos en relación al año en marcha. Lo dispuesto quedaría por debajo del 3.7% del PBI asumido con obligatoriedad en la Estratega Nacional de Desarrollo y alejaría la posibilidad de alcanzar con prontitud un nivel aceptable en la medición del más importante de los desarrollos tomados en cuenta por el Banco Mundial: el humano, que se establece en función de las inversiones con eficiencia para los sectores de Salud y Educación.