Las vías de hecho son el aspecto traumático visible de la violencia de género, pero para llegar a enfrentar con posibilidad de éxito este problema social hay que pensar en políticas de Estado que enfoquen de manera integral todas las vertientes y causales que influyen en el individuo desde la niñez hasta la adultez. Los sicólogos Luis Vergés y César Castellanos ahondan en este tema durante una comparecencia sin desperdicios al almuerzo semanal de los medios del Grupo de Comunicaciones Corripio.
Expresada en números, la gravedad del problema de la violencia sexista puede palparse en el hecho de que en el país se registran cada año alrededor de 70,000 denuncias de estas agresiones y que por cada denuncia hay diez que no se hacen, y apenas en un 30% de los casos interviene alguien para evitar situaciones de ese tipo. En lo que va de año, el 70% de los feminicidios han sido cometidos por exparejas de las mujeres, lo que revela la prevalencia de un concepto de apego patológico en el victimario.
La necesidad de un enfoque integral radica en que la conducta violenta se forja desde las etapas tempranas de la existencia, con influencia de todas las circunstancias que median. Es urgente que el Estado asuma la responsabilidad de convocar a los especialistas necesarios para diseñar esta estrategia de prevención y control de la violencia sexista.

La Justicia de nuevo cenicienta

A pesar de que el país está sediento de que la Justicia pueda hacer su papel, el aumento presupuestal que le hicieron para 2018 la mantendrá en el papel de cenicienta. Tan irrisorio es el incremento, que Mariano Germán, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, afirma que esa suma no da “ni para comprar arroz y habichuelas”. Esto significa aplazar nuevamente tareas pendientes que tiene el Poder Judicial, como la creación de nuevos tribunales en diversas jurisdicciones y adecuación de los existentes, por citar solo unos pocos de los asuntos en carpeta.
Lo contradictorio es que se deja en la insuficiencia al instrumento garante de las libertades, derechos y seguridad jurídica, mientras otros capítulos no prioritarios son provistos de jugosas asignaciones en el Presupuesto General del Estado.