POR MANASES SEPULVEDA
El procurador general de la República garantizó que la entrada en vigencia desde hoy, del nuevo Código Procesal Penal, dotará a la nación del instrumento judicial más eficaz en la lucha contra el crimen y la delincuencia, pero también por el respeto a las libertades ciudadanas.

Francisco Domínguez Brito dijo también que mueve a suspicacias, que en los hechos de violencia registrados en los últimos días, haya tantos policías involucrados.

No obstante, agregó que le satisface la respuesta dada por la Policía Nacional a esos hechos y que   no haya encubierto a sus miembros.

Asimismo, aclaró que  se enmarcan dentro de las facultades que le confiere la Constitución, las puestas en retiro  de oficiales policiales y militares hechas por el presidente Leonel Fernández.

 Consideró que por esa razón no tendrá ningún efecto,  el recurso de amparo incoado por tres generales retirados de la Policía,  que buscan su reingreso a la institución.

 Precisó, además, que ninguna reglamentación interna de ninguna institución gubernamental, puede limitar el artículo 55 de la Constitución.

Sobre el aumento de la delincuencia y la criminalidad, dijo que unidos a la gran cantidad de expedientes que han prescritos, además de las violaciones que se cometen cotidianamente contra los derechos de los ciudadanos, son ejemplos suficientes para demostrar que el código que hoy finaliza, no resultaba idóneo para aplicar una sana justicia en el país.

Al participar en la entrevista del programa “D`AGENDA” que cada domingo de 9:30 a 10:30 de la mañana produce por Telesistema Canal 11, Héctor Herrera Cabral, el procurador general  confió en que a partir de ahora la justicia será más ágil,  ya que el juez de instrucción contará con todos los elementos para decidir si envía o no los casos a juicios de fondo.

Sostuvo que, por lo tanto, los magistrados que conozcan los casos, no tendrá necesidad de hacer tantos reenvíos de los roles de audiencia.

Domínguez Brito destacó, además, que con el nuevo Código Procesal Penal, las víctimas tendrán la oportunidad de ser entes más activos en el desarrollo del proceso y por ende, pueden pedir las sanciones que estimen merecidas para sus victimarios.

Rechazó que, en lo adelante, la Policía Nacional tenga las manos atadas para combatir el crimen y la delincuencia y aclaró que, por el contrario, dispondrá de más tiempo para realizar sus pesquisas.

No obstante, añadió que para ello deberá contar con el visto bueno del Ministerio Público, que a su vez deberá recibir la orden de un juez de instrucción,  en un proceso que no deberá tardar  más de unas cuantas horas.

Dijo que según las estadísticas judiciales, más del 90 por ciento de los crímenes que se cometen en el país, son “in fraganti”  por lo que la Policía no tiene que solicitar ningún permiso para detener a los autores.

Precisó que en los casos que necesiten de procesos investigativos, lo que deben hacer los policías es solicitar las autorizaciones correspondientes para proceder en consecuencia.

Sin embargo, Domínguez Brito dijo que con la entrada en vigencia del  nuevo código, se erradicará la práctica de que un ciudadano sea apresado para ser investigado con relación a un crimen y después de pasarse hasta dos semanas encerrado, se le haga un daño irreparable al determinarse que no tenía nada que ver con el asunto.

Dijo  que a partir de la fecha, ningún destacamento de la Policía podrá alegar que no tiene competencia para apresar a quienes operen un punto de drogas en su vecindad, porque se considerará que los agentes en la zona actúan en componenda con los delincuentes.

Tras reiterar la expresión de que en este país los ricos no caen presos, Domínguez Brito advirtió que de ahora en adelante, los delincuentes de “cuello blanco”, tendrán más inconvenientes para evadir la justicia, porque los jueces serán apoderados de pruebas irrefutables en su contra que no tendrán más alternativas que aplicarles.

Domínguez Brito rechazó que las estructuras encargadas de la puesta en vigencia del Código Procesal Penal, no estén capacitadas para llevar a cabo esa tarea y recordó que tanto la Justicia a través de la Escuela de la Judicatura, así como el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección de Control de Drogas, llevan más de dos años preparándose para este acontecimiento.