Muchos llegamos a creer que ya teníamos bastante y suficiente con aquella obstinación de rechazo a la observancia del Poder Ejecutivo recomendando, con justicia, incluir en la reforma del Código Penal las tres causales que exceptúan la ilicitud del aborto. Pero en lugar de ejercer su autoridad e instruir a sus correligionarios, el presidente Medina, prefiriendo jugar al “laissez faire”, a la “gallinita ciega”, por temor al poder religioso, ha permitido que el aberrante adefesio insertado en el Art. 37, contrario a los Arts. 38 y 39 de la Constitución de la República, continúe violando y violentando la dignidad de la mujer abusada y su propia vida en riesgo por un feto mal conformado que, ¡en nombre de la Vida! le obligan llevar en su vientre.
Una vez más, hasta el cansancio, nos vemos obligados a acudir al ”Mataburro” (Real Academia Española, Enciclopedia Universal Espasa, Salvat, y quizás llegar a Google, mucho más accesible) para que la cúpula de la Santa Iglesia Católica y esos fanáticos creyentes, confundidos o afectados por alguna dislexia cerebral, incapaces de comprender y aceptar que el nuestro, el Estado dominicano, es un Estado laico, no confesional. Que laico significa “Que no tiene órdenes clericales”. Y laicismo es la doctrina que defiende la independencia del hombre, de la sociedad y, particularmente, del Estado, de toda influencia eclesiástica o religiosa.”
Evidentemente, la influyente y poderosa Iglesia Católica y las demás pequeñas iglesias cristianas, no pueden entenderlo así. Rechazan esa doctrina y pretenden imponer su credo religioso a troche y moche, valiéndose de todos los medios a su alcance sin reconocer lo que debe ser siempre respetado: los derechos fundamentales de la persona, libre de pensar, libre de creer, libre de ser y actuar con sus razones, sus dudas, sus lecturas y convicciones frente al insondable misterio de otra vida eterna.
Lamentablemente esos derechos esenciales para que habite la justicia, la tolerancia y convivencia entre los mortales, no con poca frecuencia son renegados, violentados, echados al olvido por representantes del clero católico y pastores que predican la Biblia y propagan la fe cristiana a sus feligreses ricos en bendiciones, ilusionados con el valor de la Palabra Divina.
La reacción manifestada desde la tribuna de la Cámara de Diputados, que ha dado pruebas de su pobreza, no pudo ser más burda y desconsiderada cuando pretendiendo denostar a la diputada Faride Raful, la engrandecen solo por recordarle a sus colegas que no es posible obligar por ley la lectura de la Santa Biblia en las escuelas públicas y privadas. Que no es posible transformar un Estado laico en un Estado clerical, sencillamente porque la Constitución de la República define el Estado Dominicano como un “Estado Democrático Social de Derecho.”
Por tanto, toda persona, cualquiera que sea su condición social o económica, su género o su raza, goza del derecho y la libertad de profesar cualquier creencia, sea política, religiosa o de cualquier otra índole, siempre que no contravenga el bien común y el orden público. El aspirante a la presidencia de su partido también debería saberlo!