Por los derechos de la mujer

El tránsito accidentado de las reformas del Código Penal, debido exclusivamente a aspectos atinentes a un derecho de vida de la mujer, es una muestra de que estamos muy rezagados en cuanto a equidad para el género femenino, y de que hay instancias importantes de la administración del Estado no identificadas plenamente con la necesidad de hacer valer por igual las prerrogativas de carácter humano para ambos géneros.
Es bueno refrescar estos tópicos en el Día Internacional de la Mujer porque las disparidades en cuanto a equidad de género se acentúan y agravan por el ambiente de violencia contra la mujer que se manifiesta con frecuencia pasmosa a través del feminicidio y otras agresiones. La exclusión en cuanto a las oportunidades para participar en la toma de decisiones está a la orden del día, tanto en la administración pública como en el sector privado y los partidos políticos.
También en el régimen de seguridad social se detectan sutilezas que perjudican a la mujer en determinadas circunstancias relacionadas con el sistema laboral. Las políticas oficiales destinadas a apuntalar los derechos de la mujer se han quedado rezagadas, y ni siquiera funcionan como debieran las normas dirigidas a garantizar la seguridad de la mujer amenazada o acosada por su pareja o cualquier otra persona. Es pésima nuestra calificación en equidad.

Juego de azar como contribuyente

En su esfuerzo por captar ingresos a cualquier precio, el Estado se ha convertido en precursor de los juegos de azar a través de bancas de lotería y de apuestas legalizadas. Y es tan significativa la cantidad de dinero que moviliza el juegos, que solo en impuestos dejados de pagar por bancas de lotería no registradas rondarían los RD$5,000 millones anuales, y podría duplicarse debido a que bancas de apuestas deportivas y casinos no son fiscalizados.
Estas cifras, que no son nuestras sino del señor Oscar Chalas, director de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, dan una idea de todo el vicio que moviliza en torno a una actividad dañina, pero que el Estado “legaliza” con tal de captar sus contribuciones económicas, aunque sea al costo de fomentar actividades que agravan la pobreza de mucha gente.


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