Los que sacaron su cédula de identidad durante el siglo pasado saben que se trataba de un carnet elaborado en papel grueso, pero papel al fin, que no garantizaba la seguridad que hoy día se requiere para cualquier documentación. Se podía fabricar una cédula comprando o robando una matriz.

El simple contacto dactilar, la lluvia o el sudor eran suficientes para deteriorar y obligar a sacar otra copia de aquel documento que junto a “La Palmita del Partido” y el carnet del servicio militar obligatorio constituían “los tres golpes” de la seguridad ciudadana en aquellos años terribles cuando el país era una inmensa finca propiedad de Rafael Trujillo.    

Hasta mucho después de concluida la Era de Trujillo, la cédula había que renovarla cada año, pagando unos sellos de Rentas Internas, pues era una forma de recaudación impositiva, hasta que evolucionaron los conceptos sobre contribuciones fiscales y el documento fue evolucionando a un simple instrumento de identidad.

Para los años setenta cuando se impuso el empadronamiento electoral, nació el carnet de votación que tuvo vida propia hasta los noventa, cuando la ley instituyó un documento único de identidad y electoral.

El último empadronamiento general que dio origen a la emisión de la actual cédula, tuvo efecto en el período l998-2000 cuando se emitió una cédula provista de suficientes garantías contra las falsificaciones y multiplicaciones. Se trata de un plástico de gran fortaleza cuando se graban los datos personales, la firma y la fotografía de cada persona.

Con la captura de las huellas digitales y su lectura electrónica a través de un código de barras se completaba todo un sistema de seguridad, aunque ciertamente en una proporción importante este aspecto no pudo cumplirse debido a fallos de electricidad, tecnológicos y humanos.

De cualquier forma esa cédula ha resultado invulnerable tanto en su función civil como electoral, manteniendo una excelente conservación física, resistiendo el tiempo y la humedad, sin que ni siquiera la desconfianza política hubiese osado denunciar su adulteración.

En tal circunstancia, es difícil entender por qué la Junta Central Electoral anda contratando una nueva cedulación general, cuyo costo hoy día superaría los mil millones de pesos y que obligaría a la ciudadanía a someterse de nuevo a un proceso de cedulación, que implica pérdida de tiempo y gastos personales, contradictorios con la etapa de austeridad en que debería estar concentrada la sociedad dominicana dada la crisis que amenaza con una nueva desestabilización económica.

Cualquiera que haga el ejercicio de observar su cédula llegará a la misma conclusión: ¿por qué hay que cambiarla? Cuando lo procedente es volver a prorrogarla y tal vez siquiera por diez años. Ya antes las cédulas emitidas en el 2000 fueron prorrogadas por lo menos dos veces. Sin la menor consecuencia. Se debe dar por supuesto que se puede contratar un nuevo tipo de cédula para los que la tienen que sacarla por primera vez y para los duplicados por pérdidas. 

La contratación de una nueva cedulación, para lo cual han viajado a Estados Unidos los miembros de la Cámara Administrativa de la JCE, puede ser más improcedente a la luz del conflicto que mantiene ese organismo con la empresa Soluciones Modernas por un contrato de tecnología que incluye la emisión de cédulas.

Es más, una nueva cedulación obligatoria para el universo de los ciudadanos y ciudadanas podría renovar la desconfianza en el padrón electoral que tanto esfuerzo costó superar, y que se logró justamente con la cedulación del 2000.