Por paradójico que parezca, el argumento que invocan algunos grupos sociales y religiosos contra el aborto en cualquier circunstancia, es el mismo que ampara la posición de los que favorecen su aprobación bajo condiciones muy especiales. El derecho a la vida del feto en el vientre de una mujer es el mismo que asiste a la madre cuando las circunstancias determinan que la gestación la coloca en peligro de muerte, o si se determina que la vida de la criatura es inviable por causas clínicas ajenas a la voluntad de la embarazada.
El precepto del derecho a la vida está por encima de las consideraciones dogmáticas, y eso debe servir para que los legisladores actúen con buen tino y comprendan que las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a la parte del Código Penal que se refiere al aborto, están inspiradas en ese derecho y en la dignidad que debe rodear la procreación. Condenar a una mujer a mantener un embarazo que amenaza su vida es actuar contra un derecho que ninguna autoridad puede denegar.
En el debate sobre este tema, hasta los que se oponen tajantemente al aborto reconocen que el derecho a la vida de la madre tiene que ser defendido con tanta vehemencia como el de la criatura, y que serían las circunstancias clínicas del parto y otros factores esenciales los que determinarían qué hacer. Hay que legislar por ese derecho.

Favorecer al país no a grupos

Hasta esta parte del siglo 21, los intereses de grupo han determinado el curso de la voluntad legislativa en asuntos fundamentales de la institucionalidad del país. Ese interés clientelar, grupal, nos ha condenado a padecer una fragilidad institucional que quedó de manifiesto en las elecciones del año pasado, pero que ya se hace insostenible desde todo punto de vista.

Bajo esa hegemonía de la voluntad grupal hemos vivido sin una ley que regule el accionar de los partidos y fiscalice el origen de sus finanzas, y sin una Ley de Régimen Electoral que se ajuste a la Constitución votada en el año 2010. Los partidos y el Congreso deben entender que es impostergable asumir la responsabilidad de legislar por el país sin atadura a consensos de intereses grupales. La democracia representativa necesita ese aporte.