¿Acaso es cierto que los dominicanos vivimos en un Estado de Derecho? ¿Acaso la práctica política de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha respondido a las exigencias institucionales que fundamentan y evidencian la condición de Estado de Derecho?.

¿Acaso los poderes tradicionales del Estado, vale decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, monopolizados por el PLD, han actuado y se conducen con sumisión a la Constitución y a las leyes? ¿Acaso el Poder Judicial es garante de esa sumisión? ¿Acaso los gobiernos del PLD han sido respetuosos no sólo de las reglas formales de nuestra legislación sino también de valores tales como los derechos fundamentales y la deontología administrativa?

Sin ir más allá, sin pretensión de subrayar la amplitud de principios y cualidades que abarca la concepción de un Estado de Derecho, limitándonos a una simple interpretación exegética, confrontemos la realidad que caracteriza la calaña del Estado dominicano con las interrogantes del párrafo anterior.

Dado el desorden y el reiterado proceder inescrupuloso de esos gobiernos no resulta complicado comprobar que en la República Dominicana no existe un Estado de Derecho.

Con sólo analizar los gobiernos del PLD a partir de uno de los juicios expresados por el profesor suizo D. Van der Weid en su trabajo “La corrupción frente a los derechos del hombre”, basta para comprender la ausencia de primacía de un orden legal en nuestro país.

Enfatiza el Jurista: “La corrupción es hoy día la tentativa más eficaz para demoler un Estado de Derecho”. Y es de todos conocido cómo los gobiernos y funcionarios del PLD se congracian e intiman con el Presupuesto Nacional.

¿Estado de Derecho donde no existe el equilibrio que crea una auténtica Separación de Poderes? ¿Estado de Derecho donde el Presidente de la República promulga leyes haciendo caso omiso de los plazos que determina la Constitución para hacerlo?
¿Estado de Derecho donde el Presidente de la República promulga leyes aprobadas por una sola de las dos Cámaras que conforman el Congreso Nacional?

¿Estado de Derecho donde el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas son, en los hechos, dependencias del PLD y del Poder Ejecutivo?¿Estado de Derecho donde en las últimas elecciones el PLD ha continuado en el poder mediante la compra del voto y de conciencias?

¿Estado de Derecho donde la corrupción ha contribuido a conformar un sistema de gobierno orientado al reciclaje del poder en manos de los corruptos y de los impunes?¿Estado de Derecho donde un expresidente de la República, Leonel Fernández Reyna, diga públicamente que el PLD poseía cuarenta mil millones de pesos (de los fondos del Estado naturalmente) para elegir en el 2012 al actual Presidente de la República?
¿Estado de Derecho donde el Estado propicia el transfuguismo de los políticos opositores mediante la oferta de dinero y posiciones burocráticas?

¿Estado de Derecho donde las llamadas “altas cortes” fueron integradas de acuerdo a los sórdidos intereses políticos del gobierno del PLD? ¿Estado de Derecho donde un Presidente de la República, en su discurso inaugural, promete someter al Congreso Nacional la Ley de Partidos Políticos y luego hace todo lo posible por impedir que sea conocida y aprobada tal y como había sido consensuada por todos los partidos del sistema?

¿Estado de Derecho donde el Estado apadrina y defiende la impunidad de los corruptos, inclusive de los más notorios y ambiciosos?

Estado de Derecho donde los organismos llamados a librar la lucha contra el narcotráfico no cesan de mostrar su complicidad en ese crimen?

¿Estado de Derecho donde la delincuencia corroe las instituciones encargadas por la ley de preservar la seguridad ciudadana? ¿Estado de Derecho donde la venalidad de la justicia es algo probado, pues se encuentra rendida ante el mandato de “las órdenes superiores”?

¿Estado de Derecho donde el Presidente de la Junta Central Electoral está directamente vinculado a un importante organismo de dirección del partido gobernante? ¿Estado de Derecho donde el presidente de la Junta Central Electoral expresa que respetará la Constitución en lo que concierne al número de diputados que corresponden a cada Provincia en razón de la proporción de habitantes que posee y luego se retracte ante la decisión contraria de una jurisdicción insensata?

¿Estado de Derecho donde funcionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana se pavonean hablando del poder del dinero -obviamente del dinero del Estado- en las manos del Partido de la Liberación Dominicana para ganar las elecciones? ¿Estado de Derecho donde la propaganda favorable a la reelección de Danilo Medina Sánchez es costeada con fondos del Estado?

¿Estado de Derecho donde ministros, banqueros y otros funcionarios al servicio del gobierno reciben mensualmente emolumentos cercanos al millón de pesos y hasta sumas que sobrepasan esas cifras?

¿Estado de Derecho donde la conquista del pueblo del 4% del Presupuesto Nacional para la educación sea motivo de escándalo por la corrupción existente en los organismos encargados de administrar esos miles de millones de pesos?

¿Estado de Derecho donde desvergüenzas como los casos de la SunLand y los aviones Tucano, de Leonel Fernández Reyna, permanezcan engavetados e impunes?¿Estado de Derecho donde la real amenaza al libre ejercicio de la soberanía nacional es patente en la forma en elque el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana hipoteca el país con préstamos y bonos para financiar déficits fiscales provocados por su despilfarradora administración?

¿Estado de Derecho donde el presidente de la República aumenta de manera desproporcionada la nómina pública, designando “botellas” en los organismos dependientes del Poder Ejecutivo con la intención de asegurar adeptos para su pretendida reelección?

¿Estado de Derecho donde a costa del dinero del Estado la mayoría del Comité Ejecutivo del PLD y de otras de sus instancias se hayan convertido en multi, multi millonarios? ¿Estado de Derecho donde el Tribunal Constitucional, con honrosas excepciones, dicte sentencias contra los derechos adquiridos por dominicanos en virtud de la Constitución y los condene a la apatridia a ellos y a toda su descendencia?

¿Estado de Derecho donde 1,200 funcionarios obligados por la ley a hacer una declaración jurada de los bienes que poseían a su ingreso en el gobierno se estén burlando sospechosamente del país sin que Danilo Medina Sánchez cumpla con el compromiso hecho ante la Nación el día de su investidura como Presidente: “Juro ante Dios y ante el pueblo por la Patria y por mi honor cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes…”?

¿Estado de Derecho donde los estudios e informes de instituciones internacionales respetables dan como resultado que este gobierno es uno de los más corruptos de América? ¿Estado de Derecho donde se otorgan obras millonarias de grado a grado en violación de lo que establece la ley?

¿Estado de Derecho donde Danilo Medina Sánchez siendo candidato a la presidencia de la República engañaba al pueblo dominicano haciendo profesión de fe contra la reelección por considerarla dañina a la economía e inmoral políticamente y luego, con malas artes, imponga la pretensión de reelegirse considerándose predestinado de Dios?

¿Estado de Derecho donde el presidente Danilo Medina Sánchez compra con dinero del erario la modificación de la Constitución para que sea permitida la reelección en períodos consecutivos? ¿Estado de Derecho donde legisladores venden su voto para darle apoyo a esa modificación de la Constitución?

Nos encontramos, pues, frente a un Estado delincuente, violador de la Constitución y de las leyes, envilecedor de la conciencia nacional e insaciable de poder y de dinero.
Esa tragedia nacional obliga a la oposición a una reflexión que sobrepase y olvide las ambiciones personales y se oriente en la necesidad de elegir un gobierno capaz de detener el proceso de degradación que impide la fundamentación de un Estado de Derecho.

Es decir, frente a este gobierno, la oposición debería, desde ya, descartando cálculos que pueden resultar burlados por los manejos electorales del PLD y la parcialidad de los organismos llamados a administrar los procesos del voto ciudadano, concentrar su primer y mayor esfuerzo en el propósito de darle un vuelco a una situación política que humilla y empobrece a los dominicanos.

Nadie, absolutamente nadie, debe correr el riesgo de ser cómplice, por comisión u omisión, del continuismo de un gobierno que se define en las lacras antes descritas.

De allí, que en esta hora de indignación, frente a la ilegalidad, la mentira, la hipocresía, el robo, la inmoralidad, es la Patria misma la que reclama la reivindicación de su paternidad Duartiana y la restauración de los atributos de un verdadero Estado de Derecho.