Por una gestión pública que revalorice la planificación e inversión estratégica

Eddy Skinner.

En nuestro escrito titulado: “Hacia un sistema de rendición de cuentas basado en presupuesto por resultados” referimos que la rendición de cuentas relaciona “el modelo de gestión con cuatro aspectos relevantes: la planificación pública, presupuesto orientado a prioridades de políticas públicas, administración de recursos, y control de gestión (monitoreo y evaluación)”.

Es por esto, que consideramos relevante proponer, en este espacio de reflexión de ideas y propuestas en favor de la ciudadanía, la importancia de que la gestión pública fortalezca la cultura de la planificación e inversión que propicie la distribución del ingresos de forma equitativa, la racionalización del gasto público, y el financiamiento de los proyectos prioritarios del Estado dominicano.
Esta postura se sustenta en que el sistema de planificación e inversión pública del Estado dominicano que se viene erigiendo desde el año 2006, con la puesta en vigencia de la ley 498-06, regula los principios, normas, órganos y procesos para la planificación, ejecución y evaluación de proyectos y programas; es decir, se constituye en una norma legal que propone institucionalizar los procesos de planificación de políticas públicas.

La citada ley (498-06), y su decreto reglamentario núm. 493-07, constituyen normas legales exigen una gestión pública basada en resultados, con manejo eficiente del gasto, procura que la inversión y el financiamiento público se enfoquen en las prioridades y estrategias de desarrollo; además, instituye grandes cambios en los procesos de planificación y discusión de proyectos tendentes a mejorar la calidad de los servicios públicos, haciendo un aporte para incorporar exigencias y rigurosidad en la toma de decisiones de las políticas públicas que el Estado define, siempre con la concertación de los sectores involucrados.

Conforme al artículo 2 de la ley 498-06, el sistema nacional de planificación e inversión pública está relacionado con: el Presupuesto, el Crédito Público, Tesorería, Contabilidad Gubernamental, Compras y Contrataciones, Administración de Recursos Humanos, Administración de Bienes Nacionales y Control Interno.

No hay dudas de que el sistema de planificación e inversión pública ha sido fortalecido con otras normativas legales como la ley Orgánica de presupuesto núm. 423-06, la cual dio inicio a un nuevo esquema de gestión pública basada en resultados; además, otras legislaciones como la ley núm. 6-06, sobre crédito público; ley núm. 5-07, sobre sistema integrado de administración financiera del estado; la Ley núm. 126-01, sobre sistema de contabilidad gubernamental y su decreto núm. 526-09 (reglamento de aplicación); ley núm. 340-06, sobre compras y contrataciones de obras, bienes, servicios y concesiones del Estado y su reglamento de aplicación; así como los decretos Nos. 492-07 y 493-07.

Sin embargo, a pesar de que la República Dominicana cuenta con todo un marco jurídico que fomenta la planificación y la inversión pública basada en los criterios de la gestión estratégica, y conforme a la visión de desarrollo del país, aún quedan pendientes por superar el modelo tradicional que caracteriza a las instituciones públicas, las que durante muchos años han estado inmersas en la ejecución presupuestaria sin ninguna programación o estrategia; por lo que, es pertinente revalorizar en la gestión pública, un sistema de planificación e inversión que avance hacia procesos de evaluación de la ejecución presupuestaria conforme a los objetivos y metas programadas y determinando posibles causas de los desvíos en el gasto, conjuntamente con el análisis de la ejecución física y financiera en cada proyecto de inversión.

El anhelo de una ciudadanía cada vez más exigente y comprometida debe ser siempre la búsqueda de mecanismos que superen los elementos del modelo tradicional de la planificación, la inversión pública y el presupuesto, procurando que la asignación de los recursos sea en función de la planificación estratégica, la inclusión del presupuesto conforme a la estrategia nacional de desarrollo, la evaluación y monitoreo en la ejecución del presupuesto, y la participación de los ciudadanos en la definición de los proyectos y programas que en se contemplan en el Presupuesto General del Estado.