Por ser la más poblada del país y la que registra el mayor número de conflictos, la provincia Santo Domingo necesita instalaciones que permitan una administración de justicia más ágil, que atenúe el problema de la acumulación de casos. La reciente división de la Procuraduría Fiscal de esta provincia en tres nuevas estructuras correspondientes a Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, es un paso de avance hacia el logro ese objetivo.

Esta decisión del Consejo Superior del Ministerio Público debería ser el punto de partida hacia la creación en cada una de las divisiones, de facilidades para la solución de conflictos sociales no graves, conciliación de diferencias, atención de casos de violencia de género e intrafamiliar y otras disparidades que pueden ser dirimidas sin necesidad de juicios y otros procedimientos complejos.

Una justicia tardía se reputa como justicia denegada. La estructura judicial de la provincia Santo Domingo ha tenido desde sus inicios precariedad en materia de instalaciones y facilidades, lo que ralentiza los procedimientos e imprime a la justicia una marcha torpe, equivalente en muchos casos a una auténtica denegación. Por esa razón la importancia de esta resolución que divide en tres la Fiscalía de esta provincia para más agilidad de los procesos.

AMENAZAS CONTRA LA PRENSA 

Las amenazas contra periodistas del matutino El Día durante la audiencia para medidas de coerción efectuada en Higüey contra los inculpados de traficar 967 kilos de cocaína capturados cerca de la isla Saona, constituye un acto cavernario de quienes pretendían conminar a los comunicadores a no divulgar nada de lo que ocurriera en el proceso. Los allegados de los acusados que profirieron las amenazas tomaron fotos de los comunicadores sociales, advirtiéndoles que los buscarían si publicaban informaciones del caso.

El diario El Día publicó ayer las fotos de quienes amenazaron a sus periodistas. La denuncia pública debe motivar una intervención de la autoridad judicial para investigar este acto de coacción contra el ejercicio periodístico y determinar las medidas que correspondan en buen derecho.