Cuando ellos hablan, cual si fuésemos asesinos, pienso en ella. Sus dieciséis años, ese rostro inocente de quien comenzaba a vivir, me recuerdan las oportunidades que perdió por cometer el pecado de haberse embarazado.
El caso de Rosaura Almonte Hernández (Esperancita) es conocido por todos porque se le negó el derecho de luchar por su vida a tiempo: la quimioterapia que necesitaba ponía en riesgo su embarazo de siete semanas. Aunque el tratamiento se le dio después, murió por la tanemia que padecía y la hemorragia que le causó un aborto espontáneo.
A casi seis años de su muerte, aún discutimos la pertinencia de permitir el aborto en las tres causales: si pone la vida de la madre en peligro, si el feto es inviable o el embarazo es producto de una violación o un incesto.
Para la Iglesia -ocupada por hombres de sotana que son incapaces de ponerse en la piel de la mujer- quienes defendemos el derecho a elegir si queremos ofrendar nuestra vida por un hijo o parir un hijo que no vivirá o tendrá una vida dolorosa y miserable somos comparables a la mafia o, lo que es peor, el “grupo de la cultura de la muerte”.
Los curas olvidan, sin embargo, que la muerte llega a quienes no les permiten decidir por su vida en nombre de un hijo que tampoco nacerá. También olvidan lo duro que es tener hijos con enfermedades severas que sufren y hacen sufrir a sus padres con su dolor. ¿Quién les ayuda con su carga? Absolutamente nadie.
A la hora de legislar hay que pensar en todos. Cada quien debe tener derecho a elegir la cruz que quiere cargar. El propio Jesús eligió la suya.