Por lo altamente sensible a la corrupción que son las aduanas, organismos internacionales de cooperación técnica y Gobiernos promueven políticas éticas para fomentar la eficiencia e integridad en las aduanas, que como organismos responsables de administrar los tratados comerciales y facilitar el comercio transfronterizo, tienen la imperativa misión de garantizar la seguridad y transparencia, impidiendo prácticas ilícitas que afectan el tráfico comercial.

La Lucha anticorrupción en las transacciones comerciales promovida por Naciones Unidas; cámaras de comercio; organizaciones mundiales del comercio y aduanas, transparencia global, y regional, la Organización de Estados Americanos; tienden a fomentar la ética en la función pública aduanera. Declaraciones Arusha 2003; Ministerial de Columbus Eficiencia Comercial, e Interamericana Contra Corrupción, que expresan este compromiso de Estado.

Declaración de Arusha, refiere al Liderazgo y Compromiso de las Aduanas: ‘’responsabilidad de prevenir la corrupción recae en el equipo Directivo, con énfasis en mantener un alto nivel ético, con decisión para enfrentar la corrupción; asumir el rol de liderazgo y aceptar niveles de compromisos; demostrando de forma clara e inequívoca el interés del desempeño ético como ejemplo a ser emulado, cónsonos a la carta y el espíritu del código de conducta’’

La función pública aduanera es muy compleja, por la arraigada cultura de evasión fiscal en el país; lidiar con tantos intereses, personas de estirpes y otras de malas calañas para defender interés del Estado al margen de individualidades de grupos políticos y sectores sociales, es tarea agotadora de estoicismo y de mucha vocación de servicio, que no todos los que llegan a los cargos públicos por intereses políticos están en disposición de afrontar.

Para el ciudadano común, ser funcionario público es sinónimo de corrupto; una oportunidad para aprovecharse y acumular riquezas, y las posiciones y ascensos se logran por adhesiones políticas partidistas, relaciones personales, parentesco o familiaridad; y romper con esta cultura será tarea difícil, y los osados que lo pretendan correrán las consecuencias de las intrigas, malquerencias, denuncias temerarias y mal fundadas, y hasta la destitución.

La comisión de actos probados, reñidos con la ética, las leyes que norman la prestación del servicio, el responsable llamado a ser garante ante los usuarios, no es digno de una función en el Estado.

Las tratativas, ofertas económicas y los denigrantes sobornos son aceptados por empleados sin principios que van a puestos a servirse; obviamente se generan porque existen corruptores que obtienen los grandes beneficios que generan las prácticas ilícitas.

Ejemplo de la arraigada cultura y de lo vulnerable de la administración aduanera del país, citando Cuentos de Política Criolla, L.D., Sto. Dgo., 1963, José Ml. López, Moralidad Social, el historiador Rodríguez Demorizi refiere un personaje que al ser nombrado Interventor (Colector) de Aduanas durante la 1ra. ocupación norteamericana, al posicionarse expreso:

Mi santa madre tan honrada toda la vida se enteró de mi designación de (colector) y vino a felicitarme. Aprovéchate hijo…! con voz emocionada le expresó.

Dios presenta pocas oportunidades en la vida. Mamá, no tema, el sueldo -¡Qué sueldo muchacho! El sueldo es nada en comparación (sobornos)-Hijo- replicó la madre con dolorosa angustia, vas a volver a los días sin pan y a las noches sin luz; piensa en el porvenir, piensa en tus hijos.

Examen internacional realizado en el año 2005 por el Grupo Grant Thornton a nombre del Consorcio Internacional de Encargados Financieros Gubernamentales, en entrevistas a 50 oficiales de diferentes países, orientadas a determinar las principales causas sociales y culturales de la corrupción, los entrevistados respondieron: En mi país la corrupción es una práctica cultural en todas las áreas y niveles sociales, político, económico e institucional.

Otros encuestados respondieron, ‘la mayor causa de la corrupción es la indiferencia o aceptación por parte de gobiernos, ejecutivos oficiales, empleados, políticos, empresarios y público en general, y justifican la socorrida indiferencia a debilidades institucionales, y que la justicia no castiga a los corruptos ni corruptores, resignándose los ciudadanos a aceptar la corrupción porque no ven otra manera posible de eliminarla o mínimamente reducirla’’.

Entre otras respuestas atribuidas a causas políticas y grupos hegemónicos de poder que generan gran corrupción, contestaron: ‘’La mayoría de líderes políticos viven, son indiferente con la corrupción, porque corren el riesgo de perder poder y adeptos si hablan en contra’’.

Enfrentar esta distorsión que limita la posibilidad del Estado para satisfacer necesidades básicas de los ciudadanos, requiere de políticas y acciones concretas no limitadas al área tributaria y períodos de gobiernos, y quien transgreda la ética, asuma las consecuencias, imperativo de líderes políticos en funciones de Estado, del sector privado y de la sociedad.

Ante las altas incidencias de prácticas ilícitas que generan competencia desleal, el Estado está abocado a definir políticas que potencien las capacidades técnicas y profesionales en función del historial laboral y ético del desempeño y acorde a las innovaciones tecnológicas; garantías para lograr niveles óptimos de eficiencia que solo garantiza personal competente

Es perentoria la equidad para un desempeño eficaz, transparente; derecho a la igualdad que prevé el artículo 39 de la Constitución de la República y ley 41-08 de Función Pública que prevé los concursos públicos para optar y asimilar en cargos de carrera a postulantes idóneos, al margen de las conveniencias políticas clientelistas, populistas, pues un Estado institucional débil no garantiza estabilidad de país ni igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos.

Sustituir profesionales y técnicos por no estar afiliados a partidos gobernantes, no obstante la inversión del Estado y a través de organismos internacionales de cooperación técnica para formarlos; es afrenta a la sociedad, que en contraste se designe en funciones técnicas complejas personal improvisado que contraviene ley 41-08 de función pública, impericia que históricamente ha beneficiado a intereses particulares en detrimento de las arcas públicas.

Es imperativo de la clase política anteponer el interés nacional a proyectos personales de grupos y parcelas políticas, integrando expertos que fomenten la competitividad, que afiancen valores éticos y la eficiencia en la función pública, para que el promovido e inevitable pacto fiscal que arribe el nuevo gobierno con la clase empresarial, potencie eficacia recaudatoria, y el gasto público focalizado a las necesidades y posibilidades reales del país.