Las investigaciones sobre el soborno de US$92 millones pagados por Ordebrecht en el país tomaron ayer un tinte abiertamente político cuando, tras ser interrogado por el Ministerio Público, Freddy Pérez, extitular de varias instituciones que firmaron contratos con el consorcio brasileño, se desligó de responsabilidad y se las atribuyó al Gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Pérez acusó al PRD de usurpar un contrato que él había firmado entre 2001 y 2002 con el Consorcio Andrade-Gutiérrez para el acueducto de la Línea Noroeste y que el Congreso rechazó.
Dijo que en una acción irresponsable, su sucesor en el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez (PRD), sin analizar su presupuesto base de US$161 millones, lo volvió a someter al Congreso Nacional y fue aprobado por más de US$200 millones.
Interrogatorio “express”. El interrogatorio que se le practicó a Pérez apenas duró una hora. El de Rodríguez, en cambio, se prolongó por alrededor de cinco (5) horas.
A su llegada a la Procuraduría General de la República, el dirigente oficialista declaró que acudió allí atendiendo un llamado del procurador Jean Alain Rodríguez, pero que en realidad él no tenía nada que decir sobre el caso Odebrecht.
Refirió que estuvo al frente de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) en los años 1997 y 2010; del INAPA, en 1998, y de Obras Públicas, en 2004, y que en ninguna de esas instituciones firmó contrato alguno con Odebrecht.
Aseguró que ahora es que él se entera de que el PRD utilizó ese mismo contrato que tenía un presupuesto base de US$161 millones, y sin revisarlo ni nada, casi lo duplicó.

“No sé por qué me llamaron, porque yo realmente no sé nada; lo que yo sí tengo como exministro de Obras Públicas y director de las instituciones de agua, es que acudir porque me han llamado”, dijo Pérez.
El exfuncionario peledeísta llegó a la Procuraduría a las 10:48, sin abogados. Fue introducido al salón donde fue interrogado por el procurador general y la titular de la PEPCA, Laura Guerrero Pelletier, a la 1:00 de la tarde. De allí salió media hora después, a la 1:30.
Fue requerido luego que su nombre figurara en la documentación que le fue requerida al actual ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, en procesos previos a la contratación de Odebrech. “El PRD hizo un contrato que tendrá que explicar; en su momento daré respuesta más contundente”, puntulizó Pérez.

Rodríguez se lo gozó. Aunque su interrogatorio fue mucho más extenso, a su salida Roberto Rodríguez afirmó que pasó un momento agradable: “gocé allá arriba”, dijo a los periodistas el ex funcionario perredeísta.
Desde su llegada a las 12:45, acompañado de sus abogados Francisco Campos y Karina Cedano, Rodríguez, aseguró no tener ningún problema.
“Nosotros con el consorcio Odebrecht-Andrade-Gutiérrez construimos parte del acueducto de la Línea Noroeste y estamos convencidos de que eso se hizo de la mejor manera posible”, agregó.
Indicó que ese consorcio fue fruto de una licitación internacional que se hizo a compañías interesadas, y la mejor evaluación en tecnología la obtuvo Odebrech, pero que como Andrade-Gutiérrez era la que tenía el dinero, el acueducto se construyó con ambas.
“El primer contrato se firmó en 1999 en el Gobierno de Leonel Fernández, y nosotros (PRD) cuando llegamos le dimos seguimiento. El costo del proyecto era de US$161 millones cuando entramos, y cuando salimos lo dejamos en un 80%. Yo no sé lo que pasó con el 20%”, dijo Rodríguez.
También legisladores. Las investigaciones incluirán también a legisladores.
Hasta el momento, solo tres exfuncionarios han sido interrogados por el alegado soborno de US$92 millones pagado por Odebrecht para conseguir la aprobación de 17 contratos de obras a ser ejecutadas en el país, incluido el ingeniero Radhamés Segura, exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
Otros pendientes sería Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas; César Sánchez, exadministrador de la CDEEE, y Mariano Germán, exdirector del INAPA. A Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, y Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, se les solicitó el depósito de los contratos que esas empresas firmaron con Odebrecht en el período 2002-2014, y fueron entregados. Se desconoce si los volverán a requerir.
De Odebrecht se interrogó a Marcelo Hofke y al empresario Angel Rondón.