La prensa independiente de la República Dominicana ha intensificado sus esfuerzos para lograr que se eliminen las penas de prisión en algunos delitos de palabra, contempladas dentro de la nueva Ley de Medios de Comunicación que estudia una comisión bicameral del Congreso.
Los editores de ocho diarios se han reunido en tres ocasiones con los integrantes de la comisión bicameral del Senado y la Cámara de Diputados y han presentado sus observaciones y objeciones a varios artículos del proyecto de ley, que todavía no ha entrado a debates en el pleno.
Así consta en el informe sobre la situación de la libertad de prensa en la República Dominicana presentado en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Fue redactado por Miguel Franjul, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa y leído en la sesión por Adriano Miguel Tejada. El encuentro concluyó ayer en Colombia.

El informe cita que también los diarios han objetado algunas disposiciones que obligarían a los periodistas a informar a las autoridades de los planes o actos subversivos del que tuvieren conocimiento y a identificar a los probables implicados, so pena de ser considerados cómplices de dichas acciones a la luz de lo que consagra la nueva ley sobre lavado de activos, terrorismo y porte ilegal de armas de fuego.
Agresiones. Se informó que a la par con estos procesos en el Congreso, han continuado produciéndose actos de agresión física y verbal contra reporteros de los diferentes medios, especialmente por parte de agentes de la autoridad armada. Uno de los casos fue del periodista José Luis Contreras, que se resistió a ser arrestado por un agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas en la norteña provincia de Montecristi, quien lo encañonó y sujetó por el cuello para llevarlo a un cuartel.

También figura el acto de intimidación contra el periodista Odalis Payano, de la ciudad de Jarabacoa, cuya residencia fue tiroteada por desconocidos, lo que se atribuye a la intolerancia frente a las críticas que el comunicador vierte en su programa televisivo.

Otro caso es el de la periodista Elbania Flores, de Telemicro canal 5 de Santo Domingo, agredida por familiares del empresario Angel Rondón, uno de los acusados principales de repartir sobornos por 92 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. Posteriormente, la familia presentó excusas formales ante la fiscalía y un juez aprobó una conciliación.

En la sureña provincia de Baoruco, el periodista Otoniel de León fue llevado ilegalmente a prisión por orden de un juez tras una querella del senador oficialista Manuel Antonio Paula, presidente del Partido de la Liberación Dominicana en esa demarcación. Luego de un juicio, el periodista fue dejado en libertad.

El informe cita además la falta de decisión judicial definitiva por el asesinato del periodista Blas Olivo, ocurrido el 13 de abril del año 2015.