El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), Antonio Taveras, señaló ayer que para el sector empresarial es un poco preocupante la aplicación de la Ley 155-17 sobre el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, debido a que en esta se endurece mucho la movilidad del dinero en efectivo, por lo que con esto puede haber inconvenientes en la agilización del comercio y los negocios en el país.
Pidió que la ley se aplique de manera universal y no solo en algunos sectores como ha pasado con otras leyes.
“Queremos que la Ley 155-17 no solo tenga consecuencias para los empresarios”, expresó.
Valoró que la ley también aclare la lucha contra la corrupción, como lo que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito a través de los fondos públicos.
Destacó la importancia de que los principios fundamentales de la ley sean bien conocidos por los agentes económicos para que puedan cumplirlos de manera cabal.
Taveras ofreció las declaraciones en un desayuno en el que Dulce María Luciano, procuradora general de Corte de Apelación del Distrito Nacional, explicó que a través del uso del efectivo es que la criminalidad organizada puede lavar mejor su dinero, por lo que las empresas tendrán que disminuir el uso de efectivo como medio de pago para los efectos de la Ley 155-17.
Dijo que aún en la República Dominicana hay muchas personas que utilizan el efectivo porque entienden que es la mejor manera de hacer pagos, por lo que una tarea de las autoridades será orientar a estas personas para que utilicen más el medio bancario.
Indicó que en materia de bienes e inmuebles, cuando las personas hagan operaciones que superen 1 millón de pesos, el notario tiene la obligación de tener y guardar para sí el recibo de la operación y tratar de no hacer operaciones en efectivo.
“Las implicaciones de la Ley 155-17 son bastantes. Lo que quiere el legislador de la ley es que dejemos de utilizar el dinero en efectivo”, dijo.