Preocupación con alerta roja

El proceso de elección de nuevos miembros del Ministerio Público ha generado interrogantes sobre sus eventuales resultados expresadas por algunos críticos familiarizados con los fundamentos del aparato judicial. Se alegan con buen sentido y concretas referencias, violaciones de procedimiento y de la ley misma con grave omisión de evaluaciones. Una prisa extemporánea genera suspicacia insinuándose el interés de sustituir a fiscales que han ganado la confianza de la sociedad para colocar en su lugar a personas más vinculadas a la superioridad ministerial. Están claras las posibilidades de que por la vía que parece seguirse sobrevenga un trastorno mayor en funciones judiciales. La falta de confianza en las decisiones para el reemplazo de fiscales es ya un reto a las máximas autoridades, llamadas a seguir clara y convincentemente por el cauce que las leyes trazan.

La justicia en sentido general es objeto de críticas. Se espera más de ella para que su lentitud no propicie denegación mientras las cárceles se llenan de presos preventivos y en las celdas brilla el vacío que causan procesos de corrupción que no llegan a lo definitivamente juzgado en consideración a pruebas y evidencias. El país más insatisfactorio de la región en perseguir el peculado. El récord de jueces hallados en falta es notable; como notable sería que se esté fallando en seleccionarlos. ¿Qué esperar con los fiscales?

Falta profesional y de sensibilidad

Como si residiéramos en un país de agudo desconocimiento de medicina, de insensibilidad y prejuicios, se generan continuas denuncias de rechazo en hospitales públicos a personas cuyos exámenes de sangre arrojan resultados positivos al Sida. Se hace sentir en República Dominicana el estigma que desde el siglo pasado conduce al desprecio y al aislamiento violador de los derechos de los contagiados con esta inmunodeficiencia. Algo insólito
Lo grave exclusión ha llevado al doctor Víctor Terrero, director del Consejo contra el Sida, a apelar al Colegio Médico para que exhorte a sus miembros a dar un trato humano y respetuoso a los pacientes, como corresponde a agremiados que no cesan de luchar por sus propios derechos y que están obligados a ser consecuentes con las políticas de prevención y atención.