BARAHONA.– El presidente de la Cámara de Cuentas de la República, Hugo Álvarez Pérez, planteó hoy la modificación de la ley 176-07 que regula los ayuntamientos del país, por entender que algunos artículos son de “difícil cumplimiento” y limitan las funciones de las entidades edilicias.

Álvarez Pérez citó el artículo 21 de la referida ley que establece límites a los ingresos propios y los recibidos por los cabildos a través de las diferentes modalidades establecidas por las leyes nacionales para satisfacer sus competencias.

También sugirió la modificación de la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, por entender que la misma dificulta el desempeño de los ayuntamientos.

El presidente de la CCRD habló sobre el tema durante un concurrido encuentro con decenas de alcaldes, vicealcaldes, directores de distritos municipales y funcionarios del área financiera de los cabildos de las provincias Barahona y Pedernales, el cual forma parte del programa “Cuentas Conmigo” que desarrolla la entidad fiscalizadora en todo el país.

En la actividad participaron, además, el secretario del bufete directivo de la Cámara de Cuentas,  Carlos Tejada; el miembro del pleno, licenciado Félix Álvarez Rivera; el presidente de Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Ramón Santos, y Oneida Féliz, directora técnica de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu). También el alcalde de Barahona, Noel Suberví.

En su discurso, el licenciado Álvarez Pérez destacó las limitaciones propias “que les trazan algunas leyes como la de Compras y Contracciones, la de la Función Pública y la ley 176-07, que es su marco regulatorio, sobre el cual reconocemos que al igual que la 340-06, deben ser modificados, sobre el articulo 21 de la misma, que les impone unas condiciones de difícil cumplimiento”.

En el encuentro, celebrado en el auditorio del Centro Universitario Regional Suroeste (CURSO-UASD), el funcionario resaltó la importancia del programa “Cuentas Conmigo” que tiene el objetivo dar a conocer a los gobierno municipales “una serie de recomendaciones emanadas de los organismos de control y fiscalización” para el buen uso de los recursos públicos.