El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, aseguró ayer que serán auditados los equipos para el escrutinio, de informática y el padrón de electores para rodear el proceso electoral de mayor transparencia.

Acusó a un pequeño grupo aislado, que no identificó, de pretender crear un ruido alrededor de las elecciones, pero que no ha encontrado eco en los partidos políticos ni en la sociedad.

Rosario Márquez informó que las auditorías, antes de las elecciones, a los equipos para el escrutinio y de informática está en el calendario de planificación del organismo.

De igual modo aseguró que será auditado el Padrón de Electores, para lo que fue contratada la empresa Latinobarómetro, por lo que sugirió esperar hasta ver los resultados.

De la misma manera informó que será contratada una empresa para el monitoreo de la publicidad del Estado, por lo que pidió calma, ya que apenas fue el martes que se aprobaron las candidaturas.

“Yo no siento ruido, yo siento el esfuerzo de grupos de querer generar un ruido de lo que va muy tranquilo y en paz, yo creo que el proceso electoral va normal”, dijo Rosario.

El presidente de la JCE indicó que está programada una prueba de cómputo nacional, además pruebas parciales, con sus fechas, y habrá un simulacro, por lo que no tiene sentido exigir lo que se sabe será desarrollado.

Recordó que cuando la JCE presentó los equipos de escrutinio informó que se harían tres pruebas nacionales con ellos y la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA), en las que será revisado el Software y se aplicará una auditoría.
Reiteró que las próximas elecciones serán las de mayor nivel de oportunidad de igualdad y equidad.

Citó que en ninguna de los anteriores procesos electorales se había concurrido sin que al gobierno se le prohibiera colocar publicidad en los medios de comunicación, se haya congelado la nómina del Estado y donde se tomaran decisiones para garantizar la igualdad y equidad.

Lamentó que algunos grupos estén más preocupados por ofrecer noticias negativas que en reconocer los méritos del organismo que preside, donde aseguró, pasan cuestiones históricas en materia de gestión electoral.

“Pero nos preocupamos más por referirnos a las noticias negativas, porque eso es lo que da titulares, y no nos preocupamos por ver los avances que registra el sistema electoral”, expresó en una improvisada rueda de prensa a solicitud de los periodistas que cubren la fuente.

Recordó que no existe una ley que obligue a los partidos a efectuar primarias, y que la Ley lo único que ordena a la JCE es a que hagan convenciones, por lo que todos presentaron actas de convención a la hora de inscribir a sus candidatos.

Destacó que el partido que presentó a un candidato en contra del que ganó una convención, la JCE lo obligó a respetarlo, lo que sucedió con varios aspirantes en diferentes partidos políticos.

De igual modo dijo que nunca antes la JCE había obligado a los partidos políticos a cumplir con la cuota mínima de 33% que ordena la Ley para la mujer, y que la gestión que preside hizo que se cumpliera ese mandato en un cien por ciento. Preguntó cuándo a los partidos políticos se les había obligado a rendir cuentas de los recursos que reciben, tanto del sector privado como del público, como se ha hecho en la actual coyuntura, exigencia que todavía está pendiente.

El Pleno de la Junta está integrado por un presidente y cuatro miembros.
“Yo no quiero convertirme en director de sus medios, pero quiero pedirle que les hagan caso al ruido, pero que también destaquen el agua mansa que es la que lleva las cosas positivas”, expuso.

Aseguró que no hay retraso en el cronograma de trabajo de la JCE, por lo que todo marcha como fue planificado hasta el momento.
Depuración. Roberto Rosario consideró como un ejercicio tardío de la Procuraduría de Antilavado de Activo el de depurar a los candidato a cargos electivos para las próximas elecciones.

Estima que ese ejercicio debieron hacerlo en el momento en que los partidos se aprestaban a presentar sus candidatos para que estos se abstuvieran.
Explicó que una vez una persona es presentada como candidata por ante la JCE, este organismo está obligado a cumplir con el mandato de los artículos 23 y 24 de la Constitución de la República sobre las causas de pérdida de ciudadanía y de la suspensión de esos derechos. La Procuraduría revelaría los nombres de al menos 20 candidatos a cargos congresuales y municipales que supuestamente son financiados por el narcotráfico con dinero lavado, para que sean sacados de las boletas.