Pese a ser una medida de excepción, y responsable de la alta población carcelaria que hay en el país, la prisión preventiva es la coerción más solicitada por los fiscales investigadores en el Distrito Nacional.

De acuerdo con el segundo informe de la Dirección de Indicadores de Gestión de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en el trimestre abril-junio de este año, de 16 medidas de coerción solicitadas, el 81%, es decir, 13, fue prisión preventiva.

En orden descendente le siguieron la garantía económica (7%); impedimento de salida (6%), y presentación periódica (6%).

En el 50% de los casos dichas medidas fueron acogidas en su totalidad; en un 43% hubo acogida y/variación, y una puesta en libertad.

A enero de este año, la población penitenciaria ascendía a 26,798 internos, de los cuales, 17,075, equivalentes al 63.7% eran presos preventivos.

El Código Procesal Penal (CPP) en su artículo 226, pone a disposición del Ministerio Público o del querellante las siete opciones de medidas de coerción para solicitar al juez, siendo la ultima la prisión preventiva.
Respecto de la misma, la norma especifica en su artículo 234, que además de las circunstancias generales exigibles para la imposición de las medidas de coerción, “la prisión preventiva es aplicable cuando no pueda evitarse razonablemente la fuga del imputado mediante la imposición de una o varias de aquellas que resulten menos gravosas para su persona…”.
Tampoco es aplicable a mayores 75 años, en caso de condena no mayor de cuatro años; a embarazadas ni a lactantes, ni a enfermos graves y terminal.