Hoy 
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) depositó ayer ante la Procuraduría General de la República una denuncia contra el de la Liberación Dominicana (PLD) por alegada violación al artículo 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, por usar fondos de la constructora Odebecht para las campañas electorales.
La denuncia está fundamentada en los testimonios del dirigente peledeísta Temístocles Montás de que usó dinero de la constructora en las elecciones de 2008, 2012 y 2016; y del exsecretario de Finanzas de esa entidad, Víctor Díaz Rúa, de que depositó dinero del mismo origen en cuentas bancarias del PLD.
De acuerdo con el PRM, entre las personas contra las que solicitó medidas de coerción estaba Montás, quien era desempeñaba como ministro de Industria y Comercio, al que se le imputó haber recibido fondos por parte de Odebrecht cuando fungió como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.
Acudieron a depositar la instancia Sigmund Freud, director legal, del PRM y Orlando Jorge Mera, delegado de esa organización en la Junta Central Electoral.
Ambos culpables. En el documento, el partido opositor expuso que mediante un espacio pagado en los medios de comunicación el primero de junio de 2017, Montá confesó que recibió fondos de Odebrecht y de Ángel Rondón, principal acusado en esta trama, en las campañas electorales de 2008, 2012 y 2016, pero que fueron destinados a la cuenta de campaña del PLD.
La denuncia también indica que el imputado del caso Odebrecht Víctor Díaz Rúa declaró durante la lectura de la acusación del Ministerio Público que, de los fondos que el expediente le atribuye, RD$1,000 millones fueron depositados como aportes de campaña para luego ser transferidos al Partido de la Liberación Dominicana.
Por tanto, según la instancia depositada, ambos dirigentes del PLD confesaron haber recibido fondos de Odebrecht, lo que los hace culpables.
La instancia expresa que “son elementos constitutivos del lavado de activo la entrega de fondos fruto del delito de soborno por parte de dos funcionarios, para luego ser transferidos a la cuenta bancaria del partido de gobierno y ser utilizados en las campañas electorales del 2008, 2012 y 2016”.
