Ubaldo Guzmán Molina 
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), a través de la resolución DE-054-2018, dispuso investigar a las aseguradoras de riesgo de salud Humano, Universal y Palic, debido a la existencia de hechos que pudieran constituir indicios de prácticas de abuso de posición dominante.
“Estamos investigando abuso de posición dominante contra las tres aseguradoras de salud más grandes del mercado. Esto no quiere decir automáticamente que ellas hayan violado la ley, sino que nosotros ahora vamos a investigar profundamente si no todos los indicios que nosotros encontramos resultan en la violación de la Ley de Defensa de la Competencia (42-08)”, dijo Nilka Jansen Solano, directora ejecutiva de la entidad, en una rueda de prensa celebrada en su sede de la calle Caonabo, de Gascue.
Explicó que en julio pasado distintos medios de comunicación se hicieron eco de que ARS Humano, Palic y Universal estaban incurriendo en la práctica de negar servicios de analíticas a sus afiliados a menos que estos fueran remitidos por un médico perteneciente a su red de prestadores, lo que fue calificado como ilegal por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).
Precisó que se recabaron 152 correos electrónicos de médicos y pacientes afiliados que confirmaron la existencia de la práctica, lo que fue corroborado por declaraciones obtenidas de agentes económicos entrevistados vinculados al al Seguro Familiar de Salud.
Indicó que la entidad cuenta con doce meses para realizar investigación, en la que se realizan las diligencias probatorias necesarias para comprobar la existencia o no de las conductas anticompetitivas en el mercado.
“A partir de ahora la investigación entra en una fase confidencial, de la que nosotros no podemos dar más informaciones a las preguntas hasta que se termine”, sostuvo Jansen Solano.
Las tres ARS, dijo, tienen 20 días hábiles para establecer sus primeros alegados de defensa.
“Luego que recibamos esos escritos estableceremos el plan de investigación que puede incluir nuevamente la consulta de la ciudadanía en un plazo razonable”.
En caso de que se viole la ley, señaló, se redacta el acta formal de acusación y se somete al Consejo Directivo de Pro-Competencia, que es el encargado de determinar si realmente se violó la ley y aplica las sanciones que van desde 30 hasta 3,000 salarios mínimos”, manifestó.
Señaló que en caso de que las ARS Humano, Universal y Palic se nieguen a que se realicen las inspecciones, Pro-Compencia podría solicitar el auxilio de la fuerza pública.
Para la investigación, la Dirección Ejecutiva se auxiliará de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales debido a que según la Ley 87-01 es el organismo regulador de los agentes económicos investigados.
