El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) se queja en sus memorias de que durante el 2013 «sufrimos la injusticia de una decisión del Tribunal Superior Administrativo que falló contra la población que ha sido timada por una envasadora».

La entidad que dirige la periodista Altagracia Paulino califica como «una vergüenza» que abogados pagados por el Estado, en complicidad con alguien del sector privado, ataquen a esa institución defensora de los consumidores. Pide más recursos. En su resumen ejecutivo, Proconsumidor se queja de que se desempeña con un presupuesto limitado, que le impide la investigación adecuada por carecer de un laboratorio y otros medios necesarios para realizar un trabajo científico.

Historia negra. Afirma que constituye una vergüenza que abogados del Estado perjudiquen a los consumidores. “Es una vergüenza que haya ocurrido, por lo que este testimonio debe quedar en la memoria institucional como una historia negra de la administración pública que no debe pasar jamás, sobre todo cuando se habla de transparencia y se cuestiona la corrupción de los funcionarios públicos”, agrega.

Falta laboratorio. Indica que la falta de un laboratorio idóneo, por falta de un presupuesto adecuado, impide un trabajo científico “que garantice la calidad de los servicios que estamos llamados a ofrecer a los ciudadanos”.

Los peor pagados. Proconsumidor agrega que necesita de la contratación de más técnicos, investigadores y estimular con una mejoría salarial al personal que trabaja con pasión, entrega y sentido de pertenencia. “Los profesionales de la institución son los peores pagados en la administración pública y eso debe ser mejorado”, expresa el resumen ejecutivo de Proconsumidor.