El Director del Centro de Exportacion E Inversion de la Republica Dominicana(CEI-RD) Jean Alain Rodriguez en un encuentro con la prensa. foto: Elieser Tapia.
SANTIAGO. El procurador general de la República, Jean Rodríguez, expresó su confianza de que los siete implicados en la trama de sobornos de Odebrecht en el país serán condenados.
El funcionario afirmó que las más de 1,700 pruebas dejarán evidenciada la relación de cada uno de los acusados en el acto de corrupción.
Además manifestó que el caso se ha incidentado bastante por el hecho de que los involucrados en el escándalo tienen y pueden pagar a los mejores abogados, los cuales utilizan estrategias para retrasar los proceso.
Rodríguez recordó que las 40 veces que han intentado parar el proceso lo han perdido por el gran trabajo hecho por el equipo del Ministerio Público.
“Es normal que se hable mucho del tema de Odebrecht, sobre todo por parte de los abogados de los imputado. Si les pagan para eso, son buenos abogados, los mejores, porque son imputados que tienen mucho dinero, en su mayoría obtenido de actos corrupción y pueden pagar a los mejores abogados”, explicó.
Según el funcionario, los defensores de los acusados han tratado de impedir que el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Francisco Ortega Polanco, salga del caso, a fin de lograr que otro juez no admita las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
El próximo 21 de junio el juez Ortega decidirá si los acusados van o no a juicio de fondo.
Los acusados. En el caso Odebrecht están implicados el expresidente del Senado Andrés Bautista, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el senador Tommy Galán, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y los exsenadores Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez, del PRM.
Asimismo, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, miembro del PLD, el abogado Conrado Pittaluga, y el empresario Ángel Rondón, a quien se atribuye el reparto de los 92 millones de dólares que Odebrecht confesó haber pagado como sobornos para que le fueran concedidos contratos de infraestructuras públicas entre 2001 y 2014.