Hoy 
POR SORANGE BATISTA
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) remitió a la Procuraduría General de la República para fines de dictamen, los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Foro Social Alternativo contra los préstamos firmados entre el Estado y la empresa Sun Land Corporation.
El monto de los prestamos en cuestión son 130 y 200 millones de dólares y fueron suscritos por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y la Secretaría de Obras Públicas, respectivamente.
El primer recurso de inconstitucionalidad contra la polémica negociación fue interpuesto por el Foro Social Alternativo (FSA) el pasado 16 de octubre.
Ambos recursos fueron enviados al procurador adjunto Angel Castillo a través de la secretaria del Tribunal Grimilda Acosta de Subero, a los fines de que ofrezca su opinión.
Con el recurso de inconstitucionalidad tanto el partido blanco como el FSA persiguen que la SCJ declare nulo el contrato de construcción de obras prioritarias para el Estado dominicano, suministro de materiales y equipos, suscrito entre el Gobierno y la referida empresa el 15 de mayo de 2006, así como de los 19 pagarés o notas promisorias firmados como documentos complementarios y las cartas acuerdos.
La acción fue incoada el mes pasado por el presidente del PRD, Ramón Alburquerque, el secretario general Orlando Jorge Mera y la abogada Rosina de la Cruz de Alvarado.
El otro préstamo objetado por el PRD es de 200 millones de dólares que firmó Obra Públicas con la Sun Land.
En un encuentro con los ejecutivos de medios de comunicación el presidente Leonel Fernández justificó las operaciones de crédito como la realizada con la Sun Land sobre la base de que el Estado tiene una gran demanda de obras, carecen de recursos y debe responder con eficiencia a la población.
Recursos elevados
La acción fue incoada el mes pasado por el presidente del PRD, Ramón Alburquerque, el secretario general Orlando Jorge Mera y la abogada Rosina de la Cruz de Alvarado.
El primer recurso de inconstitucionalidad contra la polémica negociación fue interpuesto por el Foro Social Alternativo (FSA) el pasado 16 de octubre.
