Procuraduría dispone auditores forenses para analizar documentación Odebrecht

Procuraduría dispone auditores forenses para analizar documentación Odebrecht

La Procuraduría General de la República informó hoy que continúa con el levantamiento de información que permita esclarecer el presunto soborno de 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht habría pagado en República Dominicana para obtener contratos de obras.

En una nota de prensa, la institución explicó que un equipo de auditores forenses de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), analiza la documentación suministrada la pasada semana por los titulares del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en la cual se especifica sus respectivas relaciones con la compañía.

Señaló que el objetivo de las pesquisas es “identificar a las personas que en República Dominicana podrían estar involucrados en esas supuestas ilegalidades, para lo cual resulta imprescindible contar con los elementos probatorios”.

Destacó que “para sustentar eventuales acusaciones por corrupción ante una instancia judicial, es imprescindible obtener pruebas que comprometan la responsabilidad penal de quienes resulten implicados, y eso es precisamente lo que se está haciendo”.

Recordó que a tales fines la Procuraduría General tramitó una solicitud a las autoridades de Brasil, para conocer los detalles que habrían ofrecido ejecutivos de la constructora sobre sus actividades en República Dominicana.

También recalcó que para ello, fue citado el gerente general local de la multinacional, Marcelo Hofke, quien se encuentra fuera del país y se comprometió a presentarse ante la institución el próximo 10 de enero para ser interrogado.

“La sociedad dominicana puede tener la seguridad de que se hará todo lo necesario para esclarecer lo acontecido. Si se determina que hubo dolo, los responsables, sin importar cargo o militancia, tendrán que responder ante la justicia. De confirmarse que el Estado ha sido perjudicado, también vamos a diligenciar que sea debidamente resarcido”, puntualizó.