La Procuraduría General y la Empresa Aeronáutica Brasileña (Embraer) firmaron un acuerdo en el que esta última aceptó someterse a un juicio penal abreviado en la República Dominicana, y reconocer ante la justicia su culpabilidad en el pago de US$3.5 millones en sobornos en el negocio de los ocho aviones Súper Tucano adquiridos por el país en el 2009.
La información, dada a conocer por la PGR, indica que en el acuerdo, que fue depositado en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para su homologación, Embraer se compromete además a entregar información detallada sobre los sobornos que, ante la justicia de los Estados Unidos, admitió haber pagado aquí.
“Esa información detallada incluye los pormenores del mecanismo utilizado para efectuar los desembolsos, los datos sobre las transacciones e identificar a cada una de las personas que habrían intervenido en la recepción de ese dinero y quiénes se beneficiaron”, reveló la PGR en un documento de prensa.
Pagó US$7 millones. La PGR informó que este lunes 13 de agosto Embraer pagó al país US$7 millones, equivalentes a la sanción económica máxima imponible localmente para el delito de soborno, de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
El procurador general, Jean Rodríguez, afirmó que la información que dará Embraer fortalecerá el proceso penal contra las personas y empresas incluidas en la acusación que presentó formalmente en los tribunales la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), el 6 de septiembre del 2017.
Resaltó que cualquier otra persona que resulte señalada por la Embraer, “también será puesta a disposición de la justicia, sin excepción”.
Recordó que en la acusación de la PEPCA incluye ahora a Embraer, el exministro de las Fuerzas Armadas mayor general retirado Rafael Peña Antonio; el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, coronel Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, Ysrael Abreu Rosario, y Félix Del Orbe Berroa, así como de las empresas Magycorp, S.R.L. y 4D Business Group.
La PGR recordó que la figura del juicio o procedimiento penal abreviado está consignada en el Código Procesal Penal y permite conseguir en forma breve lo que podría tardar años a través de cientos de audiencias de un juicio.
Resaltó que en este caso, además de tiempo, se logra compensación económica.