EFE 
El gasto público anual en escoltas policiacas a funcionarios y exfuncionarios es de alrededor de 1,1 millones de dólares/Foto: Fuente externa.
San Juan.- Tres legisladores del opositor Partido Popular Democrático anunciaron hoy que presentarán un proyecto de ley que propone eliminar el gasto público destinado a la escolta policiaca asignada a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Según un comunicado de los representantes Manuel Natal, Luis Vega Ramos y Luis Raúl Torres, con la aprobación de este proyecto los agentes que actualmente se desempeñan como escoltas de los miembros de la JSF podrán regresar a brindar sus servicios a la ciudadanía.
La JSF es una entidad que establece la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso de EE.UU. el pasado verano para atender el asunto de la deuda de la isla, un Estado Libre Asociado, que sobrepasa los 73.000 millones de dólares.
Según Vega Ramos, el gasto público anual en escoltas policiacas a funcionarios y exfuncionarios es de alrededor de 1,1 millones de dólares, pero para finales de 2017 puede sobrepasar los 13 millones.
Ante esto, el representante señaló que este beneficio es extensivo a exgobernadores debido a una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, pero no así a los miembros de la JSF, que, según él, “gozan de ese privilegio” porque el actual gobernador, Ricardo Rosselló, “se lo ha concedido».
Natal, por su parte, objetó contundentemente la asignación de escoltas policiacas al presidente de la JSF, José Carrión III, y al representante del gobernador, Elías Sánchez, describiéndolo como “un acto reprochable e inaceptable”, mientras el gobierno busca recortar gastos en servicios básicos.
“La sana administración llama que esos agentes sean asignados a brindar seguridad a nuestra gente en las calles del país y no a trabajar para los miembros de la Junta”, sostuvo Natal.
Torres, mientras tanto, se mostró complacido con formar parte de un esfuerzo que busca velar por la prudencia en el uso de los fondos públicos e hizo un llamado a los presidentes de los cuerpos legislativos para que aprueben el proyecto.
