La Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci) y la Asociación de Empresas del Centro Histórico de Santiago (Asecensa) propusieron que el cabildo y la Asociación para el Desarrollo de Santiago (Apedi) sostengan un diálogo abierto y socialicen todo acerca del Parque Central para superar el impasse causado por la construcción de la verja perimetral de la obra.
Consideran que la discrepancia de las autoridades municipales y Apedi atrasaría un proyecto que constituye un desarrollo ecoturístico para toda la provincia que por años ha estado solicitándolo.
“Entre las partes involucradas, ayuntamiento y Apedi, debe existir alguna conversación o una socialización del proyecto para que se busque una solución. Hemos planteado y entiendo que Apedi ha estado haciendo un trabajo desde hace muchos años y hemos estado ahí”, afirmó Belkis García, presidenta de Soeci, entidad miembro del Patronato del Parque Central.
García afirmó que el ayuntamiento conoce todo lo relacionado a la obra, ya que se han reunido con las autoridades y han estado conversando al respecto, por lo que no ve necesidad de mantener esa pugna.
De su lado, el presidente de Asecensa, José Octavio Reynoso, dijo que lo más saludable es que las partes involucradas en el Parque Central se puedan poner de acuerdo, ya que lo más importante es que la obra se realice.

Criticó, además, que se actúe pensando en particularmente y no se piense en toda una ciudad que necesita del parque.

Al ser abordado sobre el tema, el diputado Robinson Díaz, lamentó que otra obra de esta magnitud se vea afectada por la desavenencia del Ayuntamiento de Santiago y Apedi, por lo que recomendó un acercamiento para buscarle una solución al conflicto.

Díaz, aunque manifestó que no está de acuerdo con la actitud arbitraria del alcalde Abel Martínez, si entiende que como autoridad municipal él tiene derecho de exigir que todo el mundo cumpla con la ley.

Expuso que en todas partes del mundo los parques como estos se encuentran bajo la supervisión de los ayuntamientos, por lo que el Ayuntamiento estaría presionando para tomar control del proyecto.
El cabildo de Santiago denunció la semana pasada que ha sido víctima de un “golpe de estado municipal”, propinado por los ministerios de Obras Públicas y Medio Ambiente.