El Gobierno de Puerto Rico imploró ayer a EE.UU. que le permita declararse en bancarrota antes de julio, cuando podría desatarse una “batalla campal” en los tribunales si los bonistas -a los que ofrece una quita del 53 %- no aceptan sentarse a negociar “de buena fe».

Un día después de incurrir en su primer impago masivo de deuda (al dejar de pagar 367 de los 422 millones de dólares que debía y aplazar el abono de otros 33 millones), el gobernador Alejandro García Padilla adelantó ayer que no habrá dinero para pagar los 2.000 millones que vencerán el 1 de julio.

Lo más grave es que 700 de esos millones son obligaciones generales, cuyo pago está garantizado por la Constitución local, lo que supondría el primer impago de deuda garantizada en la historia de la isla, algo que pocos jueces respaldarían. “No se anticipa que tengamos el dinero”, por lo que “invitamos” a los acreedores “a que negocien de buena fe”, dijo García Padilla.

La Casa Blanca alertó de que la situación en Puerto Rico, que este domingo incurrió en su primer impago masivo de deuda, “empeora cada día”, al reiterar la “urgencia” de que el Congreso de EE.UU. actúe al respecto.

El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, comentó que espera que la situación cree “un nuevo sentido de urgencia” entre los miembros del Congreso de EE.UU, ya que está cada vez más aislado del resto de la clase política de la isla.