Puerto Rico se tambalea bajo una deuda pública de 72.000 millones de dólares que su gobernador dice no puede pagar y debe reestructurar. La isla ya dejó de hacer un pago de su deuda y su declinante situación económica ha ahuyentado a los inversionistas, que temen se encamine a una mora de pagos, sin opciones para un rescate ni una declaración de bancarrota.

A continuación presentamos una explicación de cómo Puerto Rico acumuló una deuda tan cuantiosa, cómo su estatus territorial complica el asunto y cómo pudiera salir de una crisis de casi una década. UN TERRITORIO CON UNA DEUDA CRECIENTE Puerto Rico se convirtió en territorio de Estados Unidos en 1898 y ganó una autonomía política limitada cuando el Congreso aprobó su Constitución en 1952. Pero algunos argumentan que el complicado estatus político de la isla ha acelerado su declinación económica, porque recibe menos fondos federales que los estados norteamericanos, y debe recibir aprobación de los legisladores para ciertas acciones en momentos en que trata de controlar su deuda. Alguna vez el café y el azúcar fueron el motor de su economía, pero a medida que la agricultura disminuyó Puerto Rico comenzó a recibir incentivos fiscales federales que atrajeron a fabricantes, especialmente compañías farmacéuticas, de Estados Unidos.

El Congreso eliminó gradualmente esos incentivos para el 2006. Entonces la economía cayó en picada, y empeoró al estallar la crisis financiera estadounidense en el 2008. Los gastos gubernamentales continuaron sin control y se recurrió a los préstamos con el fin de tratar de cubrir los crecientes déficits.

Los puertorriqueños, como ciudadanos estadounidenses, pueden mudarse libremente a Estados Unidos, y aproximadamente una tercera parte de las personas nacidas en la isla ahora viven en el país, lo que deja una reducida base de recaudación de impuestos. LA BANCARROTA NO ES UNA OPCIÓN La deuda de Puerto Rico se ha triplicado en apenas 15 años. Pero al igual que los estados y territorios estadounidenses, no puede declararse en bancarrota bajo la ley federal. Sin embargo, las municipalidades en Estados Unidos y las empresas públicas sí pueden declararse en quiebra.