Ayuda a Haití (II)

Además de la iniciativa de las naciones desarrolladas para exonerar del pago de impuestos a las empresas e inversionistas que se instalen en Haití, a fin de contribuir con el combate a la pobreza, deben formar, a través de las Naciones Unidas (ONU), un fondo común para ejecutar diferentes proyectos para la generación de fuentes de empleo.

Ese fondo tendría que ser manejado por la propia ONU sin darle participación directa a la clase dominante del vecino país. Los recursos financieros permitirían la construcción, vía licitación internacional, de escuelas, carreteras, calles, hospitales, viviendas, canales de regadío, acueductos y otros. Insisto esa es otra forma de combatir la pobreza y con ello, a su vez, se evitaría la emigración de sus residentes.

El 80 por ciento de su población, de 10.3 millones de habitantes en el 2013, vive bajo el umbral de pobreza y dos tercios de ella es dependiente de un sector de la agricultura y pesca, tradicionalmente organizado en pequeñas explotaciones de subsistencia, fragilizadas por la carencia y empobrecimiento del suelo disponible, y de la ayuda exterior.

La gente emigra por la falta de oportunidad de trabajo y sin perspectiva de progreso en su nación, tal es el caso que se está registrando en Haití.

La migración de haitianos a República Dominicana es un asunto de interés nacional y por primera vez en la historia del país el actual Gobierno está aplicando una estrategia para corregir la problemática.

Las naciones desarrolladas deben adoptar una estrategia tendente a revertir la pobreza en el vecino país, sin obligar a República Dominicana que cargue con el costo de no regular la inmigración en su territorio.

Actualmente no se discute el impacto de la migración de extranjeros en ningún sector del país, sino su regulación para que puedan permanecer en el territorio nacional, lo que debe ser comprendido por la comunidad internacional.