Una lectura atenta del informe de 22 páginas elaborado por la Comisión Especial de la Procuraduría General de la República que investigó las circunstancias en que murió el fiscal de Sosúa, Puerto Plata, Teódulo Ceballos Peñaló, deja ciertas interrogantes que ojalá pudieran despejar algunos de los involucrados, como es el caso de los Procuradores Adjuntos Frank Soto y Bolívar Sánchez, quienes conducían las investigaciones contra el funcionario y encabezaban el contingente que le dio muerte al momento de intentar apresarle.

En la página 5 de ese informe aparece un testimonio del Procurador Fiscal de Puerto Plata, Domingo Belliard, en el que este refiere que tanto Soto como Sánchez le dieron seguridades, ante su advertencia de que Ceballos Peñaló gozaba del aprecio de la comunidad por su trabajo, de que poseían suficientes pruebas para arrestarlo por sus alegadas actividades delictivas. Si esas pruebas existen, si la Procuraduría puede demostrar que el funcionario incurrió en esas inconductas, debe darlas a conocer a la opinión pública, que hasta el momento solo ha escuchado una serie de acusaciones de carácter infamante contra un funcionario que no puede defenderse de las graves acusaciones en su contra y que, hasta prueba en contrario, cumplía de manera satisfactoria con sus responsabilidades.

Interrogantes

  Otra de esas interrogantes tiene que ver con Teresa Acosta, una joven periodista de Puerto Plata que acompañaba a Ceballos Peñaló al momento de su muerte y que por lo tanto es el único testigo de lo que ocurrió esa fatídica noche. Esa testigo relató, en una amplia entrevista que concedió al corresponsal de este diario en la Novia del Atlántico Aridio Ventura, que el funcionario no tuvo tiempo de disparar su arma pues apenas transcurrieron algunos segundos entre la orden de detenerse que recibió el vehículo en el que andaban y la lluvia de balas que se produjo a continuación. Curiosamente, en la parte del interrogatorio de la periodista que reproduce el informe de marras no dice por ninguna parte si el funcionario disparó o no el arma de fuego que portaba, pero hay algo más curioso todavía; tampoco lo mencionan los comisionados, a pesar de tratarse de un detalle determinante para el resultado final de las indagatorias. ¿Se retractó la testigo de su testimonio inicial o no se consideró conveniente hacer constar su insistencia en que el funcionario nunca disparó su arma?

Juez y parte

  Es imposible referirse a ese informe sin hablar de sus recomendaciones, pues en ellas están reflejadas, de manera implícita, sus debilidades. Entre esas recomendaciones hay una particularmente elocuente: la que sugiere a la Procuraduría General de la República que priorice la creación de una Policía Técnica Judicial, adscrita a esa institución, que funcione con cierto nivel de independencia y que garantice estándares adecuados en el manejo y recolección de evidencias en la escena del crimen, a fin de garantizar los niveles de credibilidad que deben inspirar en la población las investigaciones que realice el Ministerio Público. La ausencia de esa Policía Técnica Judicial explica el pobre trabajo realizado en la recolección de las evidencias en el lugar donde murió Ceballos Peñaló, como bien reconoce el informe, pero también permite concluir que en ese peliagudo caso la Procuraduría actuó como juez y parte.