El reclamo de mayores inversiones presupuestarias para Santiago formulado por representantes de esa sociedad preocupados por el avance de su región que ya exhibe notables logros, lleva a interrogantes sobre el criterio que debe primar en el Estado al destinar recursos, planteándose el dilema de asignar preferencia a los altos niveles de producción y recaudación de las provincias o a las urgencias de otros lugares del territorio nacional. Entre los propósitos de toda gestión pública ha de estar el promover el desarrollo y la prestación de servicios vitales, objetivos para los que lógicamente procede apoyar la acción productiva y progreso allí donde se manifiesten, incluso por el espíritu de superación y protagonismo de sus propios entes sociales. Sin embargo, es imprescindible promover esquemas de atención oficial que saquen del olvido a zonas que por sus condiciones naturales, limitado peso político y escasos recursos humanos muestran retraso e inactividad al extremo a veces de reducirse su población.
La falta de homogeneidad y de integración a actividades económicas es una poderosa razón para impulsar la prosperidad allí donde menos se manifieste aun cuando el aporte al fisco de algunas provincias resulte inferior al de otras. Por justicia, la República Dominicana tiene que ser enfocada por sus gobernantes como un todo y mantener el propósito de combatir la desigualdad en el desarrollo.

Igualdad ante los impuestos

La evasión de impuestos atribuible a productores, distribuidores o importadores de bebidas alcohólicas, según sea el caso, resulta particularmente ofensiva para la comunidad y el Erario por frustrar una acción fiscal dirigida a un consumo no esencial que por razones de salud colectiva es preferible que esté restringido mediante costos para el bolsillo, y que retribuya al Estado de alguna manera para sus buenos fines sociales incluyendo compensaciones por los daños que se le atribuyen. Al incumplir obligaciones fiscales, entidades que incursionan en el mercado de bebidas ejercen una competencia desleal a las firmas tradicionales y legítimas que, pagan tributos y contribuyen al desarrollo y al crecimiento de las exportaciones. Las autoridades deben poner el máximo empeño por cobrar lo que les corresponde por cada brindis que contenga etanol.