Deficiencias que arrastramos en la estructura del Estado por una mezcla de dejadez, insensibilidad y falta de apego a normativas institucionales, impiden resolver en el corto plazo y con medidas efectivas problemas que han sido claramente identificados.
En esta inexcusable tendencia hacia acciones tardías, cuando los problemas se han agravado y en no pocas ocasiones han tenido ya consecuencias irrecuperables, se inscribe lo acontecido con la persistente comercialización de la leche a granel, a pesar de que exámenes de laboratorio han establecido el perjuicio a que se exponen quienes la consumen.
Son innumerables las denuncias y diagnósticos realizados al respecto entre autoridades, médicos, especialistas, empresarios y comerciantes y nada ha permitido hasta ahora parar la leche a granel, lo que lleva a pensar que detrás de esta operación hay proteccionismo o fuertes intereses económicos.
En honor a la verdad, hay que reconocer que en medio de esta insólita inacción el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) ha jugado un rol responsable, aunque no ha logrado influir en otros estamentos del Estado que sí pueden adoptar medidas para poner término a una práctica que atenta contra la salud de la población.
La gente de escasos recursos es la que está más expuesta a sufrir los efectos negativos de este comercio, porque en los barrios humildes es que más se comercializa el producto, luego de ser reenvasado mediante un proceso de manipulación manual que no garantiza la higiene necesaria, además de que como ha establecido ProConsumidor, no se trata propiamente de leche apta para el consumo humano.
La situación es de tal gravedad que este organismo ha señalado que en embarques del cuestionado producto se han encontrado ciempiés, cucarachas y hasta ratones, por lo que estamos frente a una seria amenaza a la salud pública.
Como no se ha logrado detener la entrada al país, la directora de ProConsumidor, Aniana Castillo, ha dicho que es más fácil enseñar a la población a no consumir ese producto que tener que salir a incautarlo, o sea que aboga por información preventiva para crear un verdadero estado de conocimiento y conciencia.
En todo el país se comercializaba el producto en distintos tipos de envases, de media libra, una libra, libra y media y hasta dos libras, mientras Proconsumidor trabaja en el proceso de decomiso y de educación, con volantes en los que se lee “no a la leche al detalle”, y “no a la leche al granel”.
Además de los perjuicios a la salud, estamos frente a otro efecto colateral que debe ser tomado en cuenta, porque ante la creciente comercialización, en la región Este se redujo la producción de leche fresca con pérdidas diarias de 3 millones de pesos, según ha precisado la Asociación de Productores de Leche (Aproleche).
Empresarios y la dirigencia agropecuaria nacional han apoyado las incautaciones que se realizan, pero sostienen que el proceso no resulta suficiente si no es debidamente respaldado por el Ministerio de Salud Pública y Aduanas, en cuanto a impedir la importación de ese producto y poner en vigor los controles necesarios.
Un detalle significativo es que este tipo de escándalos alimenticios rara vez se han producido con elementos de la producción nacional porque generalmente abarcan importaciones, y como ejemplos se señalan los casos con azúcar, licores, cigarrillos y otros productos traídos del exterior.
Ante este panorama, es de esperar que la decisión de Proconsumidor de someter penalmente a quienes vendan leche a granel pueda poner fin a un comercio realizado por un sector al parecer poderoso que goza de impunidad. Pero las sanciones no deben limitarse sólo a los pequeños comerciantes, sino a quienes controlan un infame negocio multimillonario.