La omnipresente constructora brasileña Odebrecht ha admitido ante la Justicia de Estados Unidos que pagó sobornos por US$788 millones a funcionarios, cabilderos y políticos de 12 países, a cambio de ser beneficiada con jugosos contratos de obras. De esos pagos, un salpicón de US$92 millones cayó en bolsillos de funcionarios y políticos dominicanos durante tres períodos de Gobierno. La firma carioca ha aceptado pagar una cuantiosa multa por esa práctica.
Pero aquí parecemos desentendidos ante estas confirmaciones de corrupción, sin firmeza para obtener todos los detalles del tinglado, especialmente las partes que involucran a dominicanos. Este escándalo no es el primero que manejamos con desdén, pues por ahí está el caso de una práctica similar cometida por otra firma brasileña, la aeronáutica Embraer, que repartió sobornos para conquistarnos en la compra de los aviones Súper Tucano. En ambos casos hemos sido parsimoniosos en tratar de reunir detalles concluyentes.
Es comprensible, y censurable por supuesto, que rehuyamos el tener que airear estos escándalos y destapar nombres, pelos y señales de todos y cada uno de los beneficiarios de pagos. Hasta demostración en contrario, la lucha contra la corrupción no ha parecido estar entre las predilecciones de nuestros gobiernos. Si no, que nos demuestren con hechos que estamos equivocados.

Hay que reforzar la autoridad

La frecuencia de incidentes violentos entre autoridades de protección ambiental y personas en franca violación de la ley debe motivar un reforzamiento de la interdicción, de manera que la superioridad numérica sea un disuasivo que evite hechos lamentables. En Bonao, un hombre murió cuando, según la versión oficial, trató de desarmar a dos militares adscritos al Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) que intervinieron por una denuncia de extracción ilegal de materiales del río Juma.
Ya son varios los incidentes en que personal del Ministerio de Medio Ambiente y promotores ambientales han sido agredidos cuando intervienen para evitar actos contra la biodiversidad. Hay que hacer respetar las disposiciones de protección ambiental, pero es necesario reforzar la autoridad para protegerla y disuadir posibles agresiones.