Que Haití exhiba buena voluntad

Que Haití exhiba buena voluntad

El Presidente Michel Martelly ha dicho que su Gobierno quiere una solución “pacífica” del diferendo migratorio con la República Dominicana, pero no ha dado un paso al frente en pro de un diálogo. Por el contrario, ha insistido en pedir a la OEA que presione a este país para que negocie aspectos de soberanía innegociables, como es el derecho a establecer las reglas migratorias que considere pertinentes, siempre que se acoja a los dictados del Derecho Internacional y el respeto de los derechos humanos.

Una muestra aceptable de vocación por el diálogo sería que el Gobierno de Haití se retracte de las falsedades de que se ha valido para acusar al Estado dominicano de deportaciones masivas y abusos que no ha cometido. O por lo menos admitir que por no haber provisto de los documentos necesarios a sus súbditos en República Dominicana, miles de ellos no han podido regularizar su estatus migratorio y obtener permiso de residencia.

Haití debe exhibir la buena voluntad que dice tener. Con sobrada razón, el Estado dominicano está indignado por las falsedades propagadas por funcionarios haitianos en foros internacionales, para tratar de desacreditar el ejercicio de soberanía de nuestro país. Haití debe pensar que además de migración, hay muchos temas de interés común pendientes de discusión.

SITIADOS POR LA DELINCUENCIA

La ofensiva de la delincuencia le aprieta cada vez más las bridas a las libertades y necesidades ciudadanas. Los cultos religiosos no pueden ser a la hora que prefieran pastores y feligreses, sino a la que permita la inseguridad. El delincuente es como un lobo feroz que acecha permanentemente la salida de una presa. A veces es tan osado que entra a buscar a la víctima al hogar, el hospital, la escuela o el negocio. Hay una insoportable restricción del ejercicio de la libertad de trabajo, diversión o cultos.

Y tan mortificante como la presencia delictiva, es la ausencia de la autoridad. En las cúpulas del poder no se habla lo suficiente de poner alguna voluntad en hacer las reformas que necesitan los instrumentos de protección ciudadana, vale decir, la Policía y la Justicia. El deterioro de la libertad de acción es un real estado de sitio.

 

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