La visita del abogado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) al apartamento donde reside un juez del Tribunal Constitucional podría presumirse como un gesto “rutinario”. Y no es así. Ya que resulta impropio y generador de sospechas que, con casos pendientes y acciones por incoar, se utilice el legítimo intercambio y socialización para sondear criterios jurídicos respecto de la sentencia/TSE 004-2018 que me reintegró a la organización donde milito desde el año 1985.
Afortunadamente, el ciclo que determinó la selección de los miembros de las Altas Cortes está concluyendo, y en buena justicia, tanto los últimos cambios experimentados en la Junta Central Electoral y Tribunal Superior ponen de manifiesto el nivel de equilibrio y prudencia de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Así, el próximo escenario será el órgano constitucional que, desde el mes de diciembre, concluyeron en sus funciones, los magistrados Gómez, Piña, Reyes y Cury. Además, por problemas de salud podrían pensionar a dos de sus integrantes.
La recomposición del Tribunal Constitucional se torna importante porque los criterios de cuota y reparto que caracterizaron toda la etapa inicial del tramo institucional posterior a la reforma del 2010 ha sido cuestionada por amplísimos sectores de la vida nacional. Y no es un secreto que las impugnaciones en el desempeño, endilgadas al anterior JCE y TSE no son ajenas, ante las claras expresiones de militantismo puesta de manifiesto en una instancia que envió señales de obediencia política a las manos que le garantizaron sus asientos.
Como las mañas generan hábitos fatales, es “lógico” asimilar que la franja beneficiada de amarres partidarios navegó con bastante efectividad, en la medida que la norma de actuación dentro de las Altas Cortes colocaba lo político sobre lo jurídico. Por eso, se exaltan, reaccionan y articulan todo un tinglado para sobrevivir a fuerza de maniobras y amparados en un sentido de “gratitud”. De ahí el interés de acelerar el conocimiento y decisión alrededor de una futura sentencia deseada con urgencia por un sector partidario que intentará todas las argucias en aras de no someterse al escrutinio democrático.
El sector institucional del PRD obtenía victorias legales a fuerza de entendimientos con jueces. Antes, con un Tribunal Superior Electoral (TSE) de un público activismo, donde un juez y ex diputado tocaba puertas, visitaba dirigentes y se asumía de negociador autorizado para allanar el camino validador del control de siglas partidarias al político de mayor impugnación en todo el país. Ahora, se le está acabando la gasolina debido a que en el Tribunal Constitucional, tres jueces representan votos favorables y un intenso cabildeo, que desea acelerar una sentencia desfavorable en mi contra, pero se torna inexplicablemente lento para fallar sobre la ley 169-14, declarada de urgencia hace tres años. Qué extraño!
Las visitas y contactos con jueces del Tribunal Constitucional para “agilizar” una decisión jurídica representa un espacio vital para proteger la altísima dosis de desenfado contra el administrador de las siglas del PRD. De ahí el intento de utilizar una vía legal que me invalide para la competencia.

Y es que culturalmente, un segmento de la sociedad y las élites políticas se resisten a dejar que se construya un verdadero proceso de institucionalidad democrática porque los privilegios que se derivan de esas prácticas, los hacen “fuente” de consulta y factor de decisión. Expresiones que se resisten a las líneas de poder comienzan a ponerse de manifiesto, y si bien es cierto seguirán los obstructores de siempre, nada resulta tan provechoso que no volver a épocas donde ciudadanos eran barridos en sus derechos como resultado de un acuerdo político que hacía de los jueces aliados indecorosos de sentencias aberrantes.

Vendrán argucias y contactos para torcer la legalidad. Afortunadamente, no todos se prestan a tanta desfachatez revestida de dirección partidaria.