Qué se dice

El dedo malo
 Como al dedo malo todo se le pega ha sucedido lo inevitable: son los técnicos del Fondo Monetario Internacional los que se oponen a que el Estado dominicano avale el préstamo que por años ha venido garantizando a los ayuntamientos para que estos puedan pagar el sueldo número 13 a sus empleados, la famosa regalía pascual, pues el acuerdo con el organismo internacional fija topes muy rigurosos al endeudamiento, tanto externo como interno.

Vicente Bengoa, secretario de Finanzas, explicó que a lo que el gobierno se comprometió con el FMI fue a prestar única y exclusivamente el sueldo número 13, razón por la cual se les está requiriendo la nómina a los ayuntamientos, un requisito con el que también han tenido que cumplir, según Bengoa, todas las instituciones autónomas y descentralizadas del Estado. Así las cosas cualquiera diría que no hay ningún problema, que el doble sueldo está garantizado siempre y cuando los cabildos se acojan a la disposición de Finanzas, pero ocurre que en la mayoría de los ayuntamientos no solo “guisan” los que están en nómina, pues siempre para estas fechas se disponen “operativos de emergencia” y otras actividades dedicadas a dar trabajo temporal a cientos de personas, pero también se reparten canastas navideñas y otros regalos propios de la época. Clientelismo puro y duro, desde luego, pero de gran impacto en esas comunidades, probablemente lo que quieren de alguna manera evitar o neutralizar los ideólogos de la retención de los recursos a los cabildos, con el ojo puesto en las elecciones del próximo año. Definitivamente, no solo en el amor y en la guerra se vale todo.

Detalles

 A estas alturas de las negociaciones entre perredeístas y reformistas talvez sea oportuno advertir a las dirigencias de ambas organizaciones que el país está ansioso por conocer los detalles de ese pacto, que “por arribita” se ha dicho envuelve, entre otras cosas, la composición de la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, pero también la modificación de la Constitución de la República y la adopción de una serie de “políticas” conjuntas a nivel del Congreso Nacional, entre ellas el boicot a la construcción del Metro de Santo Domingo. El ingeniero Ramón Alburquerque, presidente del PRD, ha prometido que tan pronto se den los toques finales al acuerdo con el PRSC dará a conocer todos sus pormenores a la opinión pública, y lo lógico sería esperar que en igual disposición esté el ingeniero Federico Antún Batlle, quien no se ha cansado de repetir que por parte de los reformistas cualquier acuerdo está condicionado al cumplimiento de un “Plan de Desarrollo Nacional”. Es imperativo que el país conozca los amarres e implicaciones de esa alianza, sobre todo si en el “negocio” se involucra a instituciones tan fundamentales para la democracia dominicana como la Suprema Corte o la JCE, un ejercicio de transparencia que la sociedad dominicana está obligada a exigir y los partidos políticos a cumplir.

Guerra al menudeo

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ha decidido, con el auxilio de la Policía Nacional, declarar la guerra al tráfico de drogas en los barrios de Santo Domingo así como del resto del país, un esfuerzo de cooperación que según el Vicealmirante Iván Peña Castillo no tardará en rendir sus frutos, pues ambas instituciones estarán “más unidas que nunca” en el combate frontal al flagelo. La declaración de Peña Castillo está llamada a despejar los rumores o decires sobre la existencia de un conflicto de jurisdicción en lo que respecta a la persecución del narcotráfico, que la ley 50-88 limita con carácter de exclusividad a la DNCD, y hasta se ha llegado a señalar, a partir de experiencias pasadas de ingrata recordación, la poca confianza que inspira una policía veleidosa y proclive a la corrupción dedicada a perseguir narcotraficantes. Lo cierto es, sin embargo, que dadas las dimensiones adquiridas por el negocio de las drogas al menudeo, que abarca a todo el territorio nacional, es materialmente imposible para el organismo antinarcóticos echar solo ese pleito. Habrá quien se oponga, por principio, a esa “alianza estratégica”, pero el tamaño del enemigo, y sobre todo su peligrosidad, obliga a nuestras autoridades a ser prácticas y utilizar todas las armas disponibles.