Aclaración que confunde.- A veces ocurre que un funcionario, en su afán por corregir, precisar o aclarar lo que considera fue mal interpretado, enreda aún mas las cosas, rodeando de mayor confusión lo que quiso que fuera mejor comprendido. Confieso que me alegré cuando leí en los diarios que el jefe de la Policía Nacional, el mayor general Manuel Castro Castillo, dispuso prohibir los apresamientos injustificados, cumpliendo así un mandato constitucional que consagra el derecho al libre tránsito y en atención a que un ciudadano solo pueder ser detenido por violaciones flagrantes a la ley o si se trata de un delincuente reconocido. Y al igual que la mayoría de los que nos sorprendimos gratamente con ese anuncio, interpreté que la disposicion del jefe policial incluía, casi por gravedad, las odiosas, ilegales e inconstitucionales redadas masivas que realiza la institución en los llamados “barrios calientes” de la capital y el interior del país. Esas redadas constituyen un motivo de permanente zozobra en sectores donde no solo residen delincuentes y narcotraficantes, como parece creer la Policía, pero son también una fuente de corrupción, pues propician el macuteo, la extorsión y el chantaje que se quieren eliminar con la nueva disposición. Pero resulta que no, que empezamos a celebrar demasiado pronto lo que nunca se había hecho en la Policía, pues según aclaró Castro Castillo al día siguiente de su anuncio las redadas se mantendrán, precisando que solo se eliminarán los “arrestos molestosos” y sin justificación de los ciudadanos. ¿Pero hay algo mas molestoso para un ciudadano que una redada en la que el único requisito para tener un “perfil sospechoso” y caer preso es ser joven, pobre y vivir en el barrio equivocado?