Desbocado. Ya sabemos por amarga experiencia que el Fallo del Tribunal Constitucional, o mas bien el rechazo de la comunidad internacional a los efectos que tendrá sobre los hijos de ilegales haitianos, ha exacerbado el nacionalismo que tantos dominicanos tenemos detrás de la oreja, pero también vale señalar, como fenómeno curioso, el efecto que ha tenido en algunos funcionarios que se han tomado tan a pecho la defensa de la dominicanidad amenazada que han perdido la perspectiva, y por vía de consecuencia, también la noción de cuáles son sus límites.

Es el caso del presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario, cuyo ego parece haber metabolizado de mala manera el rol protagónico que le asignó el gobierno como parte de la comisión que salió “allende los mares” a defender el controversial fallo, por lo que ya lo hemos visto lanzando advertencias a empresarios y comerciantes sobre las consecuencias de contratar mano de obra ilegal, léase haitianos, como si fuera el director general de Migración.

Ayer, para no ir mas lejos, volvió a las andadas, esta vez descalificando a los miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (DCDH) que nos visita para verificar sobre el terreno los efectos de esa sentencia, a los que acusó de llegar con un libreto definido con un final previsible; una condena al país.

Nadie discute que el presidente de la JCE, quien también forma parte del Consejo Nacional de Migración, tiene derecho a pensar que esa comisión está prejuiciada, como sería razonable concluir si tomamos en cuenta que ya se pronunció contra la sentencia, pero en su condición de funcionario directamente involucrado con la solución de un problema que tiene a la República Dominicana en las cuatro esquinas debería ser mas ecuánime y comedido, en lugar de sumarse al altisonante coro de voces que con sus pronunciamientos le está echando mas leña a un fuego que podría convertir la isla en un gran incendio.