¿Y ahora qué? Quien haya seguido de cerca la insólita “desaparición” de los documentos originales contentivos de los términos del  acuerdo que firmó Sobeida Félix Morel y la Fiscalía del Distrito Nacional, que su actual incumbente, Yeni Berenice Reynoso, dice no haber tenido nunca en sus manos en tanto el doctor Alejandro Moscoso Segarra, quien lo negoció y firmó, asegura que lo dejó en los archivos  del  despacho del titular, debe estar haciéndose la misma pregunta. Y es que si bien extraña y sorprende que unos papeles tan importantes no estén mejor resguardados para evitar que ocurra, precisamente, lo que ha ocurrido, llama poderosamente la atención que a ninguna autoridad parezca importarle el hecho, definitivamente  grave, de que documentos que permitirían identificar a cómplices, colaboradores y protectores de una de las más poderosos  narcotraficantes que ha operado en el país, el capo boricua José David Figueroa Agosto,  preso en una cárcel de alta seguridad en Nueva York, se hayan volatilizado de manera tan sospechosa y los funcionarios responsables de su custodia se limiten a lavarse las manos y a culparse  mutuamente de su pérdida y aquí no ha pasado nada. ¿A quién le corresponde pedir cuentas, llamar a capítulo a los  involucrados o disponer una investigación para establecer responsabilidades? Estamos hablando de un hecho que en cualquier país del mundo que respete sus instituciones sería un escándalo mayúsculo, pero  aquí, donde to´ e´ to´ y na´ e´ na´, no pasa de ser una simple anécdota destinada a diluirse en el olvido. Y después nos quejamos, y hasta nos ofendemos, si algún desaforado nos acusa de ser un narco Estado.