De conspiraciones.- ¿Qué interés podría tener el doctor Alejandro Moscoso Segarra, juez de la Suprema Corte de Justicia, en “desvertebrar” el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD)? ¿Resentimiento? ¿Venganza? ¿Odio? ¿Maldad pura y dura? ¿Ninguna de las anteriores? No hubo manera de que la comisión del gremio que esta semana participó en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio explicara, no obstante la machacona insistencia de los periodistas, los motivos que podría tener el exfiscal del Distrito Nacional en destruir ese colectivo, utilizando para ese propósito un anteproyecto de ley que procura regular el ejercicio de la abogacía en la República Dominicana. Anteproyecto de ley que al decir de Diego José García, presidente del CARD, forma parte de una “conspiración” contra los abogados, a los que se quiere despojar –alega– de su derecho a autoregularse, de dirigir su tribunal disciplinario, y hasta de que sus miembros puedan procurar por su propia cuenta especializarse para mejorar su formación profesional. ¿Pero quién está detrás de esa conspiración? ¿Cuál es el propósito de sus promotores? ¿A quién beneficia la destrucción de ese gremio? Como los abogados no soltaron prenda tal vez no lleguemos a saberlo nunca, aunque también existe la posibilidad de que se trate de un invento, de una burda excusa para justificar su resistencia a ser regulados. Sea lo que sea llama la atención la facilidad conque en este país se echa mano a la manoseada teoría de la conspiración cuando ciertos intereses –gremiales, profesionales, empresariales, sindicales, políticos y un largo etcétera— se sienten amenazados, pero de manera curiosa nadie se preocupa por saber qué ocurre finalmente con esas denuncias, empezando por los propias víctimas de esas “aviesas conspiraciones”. ¿Será porque a nadie le importa? Saque usted sus propias conclusiones.