¿Solidaridad o apañamiento? Hay que decirlo. Algunas defensas comprometen demasiado, aunque se quieran disfrazar de solidaridad. Ignacio Ditrén, encargado de asuntos municipales del PLD, formó parte de la comisión, encabezada por el alcalde Juan de los Santos, que entregó al alcalde municipal de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez Grullón, contra quien pesaba una orden de prisión acusado de manejo irregular de mas de cien millones de pesos. Un gesto que solo puede interpretarse como lo que fue: un espaldarazo solidario del partido oficial a su alcalde en apuros, cuando siempre tranquiliza saber que no se está solo. Desde luego, cuando esa solidaridad se ejerce, de manera tan ligera, con un funcionario acusado de corrupción se corre el riesgo de que se piense que lo que realmente se apoya es la inconducta de ese funcionario, mucho mas en un país donde la impunidad, cuando se trata de políticos, es la regla en lugar de la excepción. Con razón denunció el Falpo, muy activo en San Francisco de Macorís y otros pueblos del Cibao central, que sectores de poder político maniobran para suavizar las acusaciones contra Rodríguez Grullón, lo que necesariamente empieza por suavizar las medidas de coerción. Y es lo que parece haber ocurrido, pues el juez presidente de la Corte de Apelación del municipio de San Francisco de Macorís le impuso como medidas de coerción cinco millones de pesos, presentarse cada lunes a la Corte e impedimento de salida del país. El tratamiento que dio la justicia al caso de Rodríguez Grullón, quien tiene como abogado defensor al exprocurador Radhamés Jiménez Peña, contrasta notoriamente con el que recibió el alcalde de La Romana, Juan Antonio Adames, quien guarda prisión preventiva acusado de malversar RD$30 millones, pero la explicación es muy sencilla: no tiene el pedigrí político de su homólogo de San Francisco de Macoris y, por vía de consecuencia, tampoco padrinos poderosos que lo ayuden a salir del atolladero.