No es por nada, pero si tomamos en cuenta que en la muerte, resurrección y fuga del recluso Pedro Alejandro Castillo, alias Quirinito, intervinieron jueces, fiscales, abogados, médicos, funcionarios de la Dirección de Prisiones y un etcétera tan largo como la disposición de las autoridades de averiguar lo que realmente pasó y cuánta gente estuvo involucrada, tengo derecho a formular la siguiente pregunta sin que se me acuse de pensar solo en el dinero, ese poderoso caballero. ¿Cuánto habrá costado planificar y ejecutar la fuga que le permitió evadir una condena de 30 años por el asesinato de un ciudadano español en San Cristóbal? Pregunta que, necesariamente, lleva a la otra, aunque de antemano sepamos que nunca conoceremos las respuestas. ¿Quién fue el jorocón que la financió? También hay que preguntar si este escandaloso episodio, que según el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, pone en entredicho la credibilidad de nuestro sistema de justicia, habría alcanzado las dimensiones que tiene hoy si este diario no hubiera revelado el pasado 5 de septiembre que la Procuraduría General investigaba, a lo calladito, si Quirinito verdaderamente falleció de un cáncer en la lengua o se trató de una maniobra para ponerlo en libertad de manera irregular. Esa revelación, como se sabe, disparó las alarmas de la opinión pública, que desde entonces presionó para que se agilice una investigación que no podía presentar muchas complicaciones para llegar a la conclusión que se anunció el pasado miércoles: Quirinito no está muerto, pero tampoco preso. De ahí en adelante es historia conocida: el Procurador Jean Alain Rodríguez impartió orden de captura nacional e internacional contra un fugitivo que si aprovecha la gavela que le dio la investigación de su “misterioso” fallecimiento en estos momentos debe estar bien lejos de sus perseguidores, pero estoy seguro de que donde quiera que se encuentre extrañará este insular paraíso de la impunidad.