Publicó ayer El Nacional, en una información atribuida a “una fuente militar de irrefutable crédito”, que la Administración Para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos no está satisfecha con los resultados de las investigaciones sobre el alijo de 625 kilos de cocaína introducido por el aeropuerto de La Romana, del que se acusa  a dos coroneles, un primer teniente de la Policía y un asimilado militar, pues según la agencia norteamericana todavía hay muchas incógnitas por despejar. La fuente reveló al vespertino que la DEA sospecha que hay implicados de mayor jerarquía  e influencia a los que no se ha identificado, como por ejemplo el oficial superior  que el día que llegó al avión con el cargamento desde Colombia dispuso que  se apagara el sistema de monitoreo  del aeropuerto, ni se ha determinado cuáles fueron los niveles de responsabilidad de los controladores  y el personal de rampa que se encontraba de servicio. Tampoco se ha dicho dónde están los US$500 mil  (RD$24 millones) cuya repartición, como pago por los servicios prestados,  provocó quejas y disgustos entre los implicados que finalmente permitieron  que se develara la trama. La DEA teme que la investigación realizada por personal del Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DCND), la Policía  y el CESAC haya tropezado con jorocones a los que se decidió (o se les ordenó) proteger, razón por la cual estaría ejerciendo presiones para que en este caso no haya intocables y se llegue, como decimos por aquí (pero solo es un decir), hasta las últimas consecuencias. Pero lo cierto es que esa papa caliente ya está en   manos de la Procuraduría General,   que tendrá que lidiar con las supuestas presiones   de la agencia norteamericana, pero también con la misma pregunta que tantas veces escuchó el  doctor Jean Alain  Rodríguez durante el sonado  el caso Odebrecht. ¿Realmente están todos los que son y son todos los que están?