Quienes han opinado sobre la decisión del gobierno de los Estados Unidos de cancelarle el visado al empresario Angel Rondón, principal imputado en el escándalo de sobornos y corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, en su mayoría coinciden en que se trató de un mensaje con el que le advierten a las autoridades dominicanas que están obligadas de sancionar en los tribunales a todos los implicados. Esos opinantes también señalan que constituye un gran reto para un sistema de justicia que puso en libertad a todos los imputados, lo que acentuó el escepticismo y la desconfianza de la población, que no lo percibe ni con la voluntad ni la determinación necesarias para enfrentar la corrupción y su secuela más dañina y perversa: la impunidad. Ese mensaje fue remachado por el artículo del encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en el país, Robert Copley, publicado en un periódico nacional con el sugestivo título “Un paso adelante en la lucha contra la corrupción”, en el que explica las razones por las cuales su gobierno tomó esa decisión. Pero dejemos que el diplomático lo diga con sus propias palabras, ya que se tomó la molestia. “Alrededor del mundo existen instituciones democráticas y judiciales que son débiles, que no tienen independencia o se les hace difícil si no imposible, combatir a la poderosas élites económicas y políticas que cometen esos delitos. Las acciones del gobierno estadounidense demuestran que no permaneceremos en silencio frente a la impunidad”. Tan claro y contundente ha sido el recordatorio, que solo resta hacerse la pregunta del millón de dólares: ¿Se darán por aludidas las autoridades dominicanas y actuarán en consecuencia?