La ordenanza del Consejo Nacional de Educación que dispone organizar un proceso competitivo para elegir a los directores distritales y regionales no solo ha creado una nuevo escenario de confrontación entre la ADP, que la rechaza por  ilegal, y el Ministerio de Educación, sino que ha dividido también al gremio magisterial, donde hay sectores que la consideran una conquista  que procura la cualificación  de la educación en base a  los méritos  profesionales y no a los políticos. Eso significa  que su presidente, el profesor Eduardo Hidalgo, tendrá que lidiar con dos frentes de manera simultánea, lo que pondrá a prueba su  capacidad de maniobra y la solidez de su liderazgo, en tanto se enrarece innecesariamente el clima en un sector tan estratégico  como el de la educación. Pero Hidalgo, al que una corriente  de la ADP acusa de oponerse a la medida para proteger intereses personales y políticos, no es el único sometido al fuego cruzado de las críticas, pues al ministro Andrés Navarro también le ha tocado lo suyo, y no solo porque le corresponde la pesada e incómoda tarea de poner en ejecución la polémica ordenanza, con la que, asegura, se le cerrarán las puertas al clientelisno  en la designación del personal de educación. Ayer, por ejemplo, la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted)  lo responsabilizó de liderar, junto a supuestos grupos privatizadores, una ofensiva dirigida “a ponerse a tono con el movimiento neoliberal  de mercantilización de la educación que cursa  en toda América Latina”. Quien desde afuera ve el alboroto  y todo el tirijala que ha provocado la decisión de aplicar una ordenanza que es un mandato  del Pacto Nacional por la Educación, que evidentemente también  rubricó la ADP, tiene que  avergonzarse de que a estas alturas todavía nos cueste tanto esfuerzo  ponernos de acuerdo para acometer la urgente tarea de mejorar la  calidad de  la mediocre   educación dominicana.